Esta
crisis no puede dejar a nadie atrás
La
Universidad Pública, como servicio público de Educación Superior,
se ha adaptado en tiempo récord a la situación excepcional derivada
de la paralización de la actividad presencial como consecuencia de
la crisis del SARS-CoV-2. Los trabajadores de la Universidad Pública
estamos comprometidos como ciudadanos y corresponsabilizados como
empleados públicos con esta situación de emergencia nacional.
La presente
crisis ha revelado para el conjunto de la sociedad la importancia y
el trabajo que conlleva una docencia de calidad. Por ello
revindicamos el esfuerzo de todo el PAS y el PDI, que están
realizando su trabajo en condiciones a menudo complicadas. Estamos
asegurando que las competencias establecidas en las memorias se están
adquiriendo, a pesar de que en la mayoría de los casos deba hacerse
con equipos e infraestructuras propias, en circunstancias complejas,
tanto desde el punto de vista técnico (no todas las personas tienen
los sistemas informáticos adecuados) como desde el punto de vista
del entorno de trabajo (conciliación de la vida laboral y familiar y
personal). También queremos poner de manifiesto la ímproba labor
que está realizando el PAS en el ámbito de gestión y servicios de
apoyo a la comunidad universitaria, como por ejemplo los servicios
informáticos, la atención a la comunidad universitaria y la
virtualización de los procesos de gestión.
Consideramos
que la digitalización de la Universidad Pública es más que
impartir las clases online, requiere infraestructuras robustas y
procedimientos y metodologías específicas. Por tanto, este proceso
no se puede hacer a coste cero. Hay que reclamar una financiación
adecuada para llevarlo a cabo. Un proceso tan importante no se puede
improvisar.
Nos
preocupa mucho la evaluación no presencial. Las agencias de
evaluación de la calidad (ANECA y agencias autonómicas) han
planteado unos plazos muy restrictivos para la modificación de
fichas docentes. Todo ello en una situación en la que hay serias
dudas sobre la seguridad jurídica de la evaluación online. La misma
preocupación se extiende a la celebración de la EBAU.
Constatamos
una modificación de nuestras condiciones de trabajo, especialmente
de sobrecarga (volumen, nuevas tareas, horario desregulado) y en la
mayoría de los casos utilizando los recursos propios. Se está
confundiendo el teletrabajo, regulado por una directiva europea, con
el trabajo a distancia, regulado por el E.T. Todo esto en un contexto
en el que los trabajadores de las universidades también enferman y
participan en los cuidados de otros.
Si nos
preocupa la docencia, tanto o más nos preocupa la investigación. El
mantenimiento de la financiación y la prórroga de los contratos de
los investigadores es una pieza clave para superar la situación que
estamos viviendo. Esta crisis sanitaria pone en evidencia la
necesidad de fomentar el tejido I+D+i del país para poder afrontar
los retos futuros con mayores garantías de éxito.
Estamos
contribuyendo a paliar la crisis, con nuestro plus de trabajo, pero
no estamos dispuestos a ser omitidos de las tomas de decisiones.
Exigimos formar parte de las mismas, en todos los niveles (estatal,
autonómico, universitario).
Debido a
ello, estamos disconformes con la forma en que se está llevando la
toma de decisiones durante la crisis, que corresponde a un modelo
gerencial (Ministerio, CC.AA y universidades, todos desde arriba
hacia abajo). Sobran decisiones unipersonales, opacidad,
reforzamiento de posiciones controladoras y autoritarias y con envío
de decisiones y comunicaciones de los rectorados desiguales a sus
comunidades universitarias. Los responsables educativos tienen que
contar con los sindicatos.
Porque
nosotros, que “arrimamos el hombro”, queremos negociar las
prioridades, los procedimientos, los escenarios y los tiempos. Porque
desde CCOO estamos por distinguir lo urgente de lo importante y por no
perder de vista el medio y el largo plazo. Vivimos una situación
histórica en la que se está mostrando la importancia de los
servicios públicos y la ciencia. En este contexto, el papel de los
sindicatos es importante y urgente. El escenario no puede ser de lo
más imprevisible, evitar la desorganización es importante, pero
todavía lo es más conseguir asentarla a partir del consenso, y no
de la imposición.
CCOO
realiza las siguientes propuestas:
- Diálogo y
reflexión sosegados, de las autoridades universitarias en los
distintos niveles, los agentes sociales y los representantes de los
estudiantes sobre la forma y temporalidad de finalización del curso
actual y sus implicaciones y repercusiones respecto del curso
próximo, teniendo en cuenta las estimaciones de la duración de la
situación excepcional.
-
Repensar
el carácter no presencial de la convocatoria de evaluación de
junio o incluso de julio. Hay variables distintas: a) la evolución
de la emergencia sanitaria; b) los ritmos que adquiere en las
diferentes comunidades; c) la variedad de entornos académicos:
asignaturas de últimos cursos, con carga elevada de prácticas
(clínicas, laboratorios, etc.); d) titulaciones profesionalizantes,
etc.
Hay que
considerar que la evaluación es un acto administrativo, que exige
unas garantías jurídicas y que actualmente algunas plataformas
tecnológicas disponibles no ofrecen seguridad suficiente de
autentificación.
Es posible
contemplar opciones como ampliar los periodos de evaluación y
reconfigurar el principio del próximo curso académico, incluyendo
nuevos periodos de matrícula.
Se debe
celebrar la EvAU con las máximas garantías evitando la falta de
igualdad de oportunidades y contribuyendo a la equidad. La EvAU
corrige diferencias de criterios de evaluación entre centros de
enseñanza, estableciendo una calificación más justa para el
ingreso en Grados con límite de plazas.
-
Herramientas
claras y garantías jurídicas para asegurar la validez de las
actividades docentes y académicas que estamos desarrollando,
extendiendo esta solicitud también a las agencias de calidad, en el
ámbito de su competencia (seguridad jurídica, diseño de los
distintos y posibles escenarios, etc.).
En
particular, es fundamental aclarar cómo se va a realizar la
evaluación a distancia, en
el supuesto de que finalmente se opte por este sistema. Se están
planteando propuestas fáciles sobre el papel, pero difíciles de
implantar y de llevar a cabo, incluyendo todos los aspectos relativos
a la seguridad y la autenticación.
La
situación de emergencia será puntual, pero sus consecuencias no.
Se
tiene que ampliar los plazos que las agencias de calidad están
estableciendo para la realización de las modificaciones necesarias
en los planes de estudio, que en cualquier caso entendemos que deben
ser consideradas como adendas.
-
Retomar la
cultura de la negociación:
pedimos mayor transparencia y participación en la toma de las
decisiones. Nos comprometemos a colaborar con lealtad.
Negociar
las condiciones de trabajo, dada la sobrecarga de trabajo que se está
produciendo. Esta situación no puede justificar la pérdida de
derechos (horarios desregulados, conciliación con la vida personal y
familiar, etc.).
Incentivar
las medidas necesarias para aplicar en todo momento planes de trabajo
que permitan la conciliación con la vida personal y familiar,
modificando estructuras horarias hacia otras basadas en tareas o
proyectos.
Proteger la
participación legítima de los delegados de PRL por medio de los
Comités de Seguridad y Salud como única vía para proteger la salud
en el entorno de trabajo, entendiendo la sobrecarga, la ansiedad y el
estrés asociado a este contexto excepcional.
-
Mantenimiento
del empleo en las universidades públicas, facilitando mediante
decreto ministerial las prórrogas automáticas hasta la
finalización del curso académico 2020-21 del personal temporal de
PDI y de los interinos del PAS cuyo contrato finalice el presente
curso académico, con el objetivo de poder afrontar en condiciones
adecuadas de funcionamiento el próximo curso académico.
Hay que avanzar en finalizar con la excesiva precariedad como
consecuencia de los recortes sufridos en la crisis anterior,
manteniendo las ofertas de empleo público, eliminando las tasas de
reposición y realizando nuevas ofertas que disminuyan la
temporalidad y precariedad del personal universitario.
-
Protección
de la investigación en curso, que en muchos casos deberá
reiniciarse y por ello hay que replantear prórrogas para contratos
y proyectos y resolución de la convocatoria del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de 2019 a la mayor brevedad posible. Solo los
países innovadores son capaces de afrontar los retos del futuro sin
sufrir retrocesos en el bienestar ni en la igualdad de sus
ciudadanos. No habremos aprendido nada de esta crisis si no
entendemos que los recortes en los servicios públicos no nos
permitirán mantener un estado de bienestar lo suficientemente
robusto como para superar la crisis y evitar ser vulnerables en
otras futuras.
-
Las
prórrogas de los contratos de investigación establecidas en las
disposiciones adicionales 12 y 13 del RDL 11/2020 son insuficientes.
Es necesario tomar como referencia el análisis hecho desde los OPIs
y en particular el CSIC. Las prórrogas de los contratos deben ser
más amplias para asegurar el mantenimiento de las labores docentes
e investigadoras, tanto de este curso como del que viene. Asimismo,
esta situación acarrea consecuencias en los plazos de depósito y
defensa de tesis doctorales que deben salvaguardarse con total
prioridad, y de otros derechos recogidos en las convocatorias de la
Ley de la Ciencia (movilidad internacional, ayudas, etc.) que no
pueden verse conculcados.
-
Solicitud
de que el artículo 49 del RDL 11/2020 “Disponibilidades líquidas
de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del
sector público estatal” no se aplique a los organismos del
sistema sanitario y del sistema público de I+D.
-
Identificar
y paliar las brechas digitales de los estudiantes en condiciones de
vulnerabilidad.
-
Reforma de
las políticas de becas del Ministerio para el próximo curso
académico en cuanto a requisitos académicos y a la propia
naturaleza de las becas generales para garantizar la equidad en el
acceso al estudio. Hay
que eliminar las revocaciones de becas, con la obligación de
devolver el dinero, cuando no se ha alcanzado el nivel de éxito
requerido y considerando que se ha hecho un uso fraudulento del
dinero de la beca, cuando puede haber muchas razones que expliquen
ese fracaso. Las condiciones económicas para obtener beca en el
curso 2020/2021 no pueden estar referidas exclusivamente al IRPF de
2019 porque muchas familias habrán cambiado drásticamente su
situación económica.
-
Suprimir
la penalización económica por repetir asignaturas porque en esta
situación excepcional el mayor éxito o fracaso puede verse
afectado por los medios de que se dispone en el hogar (espacio para
estudiar, medios informáticos y bibliográficos, posibilidad de
aislamiento y concentración, entre otros) al no poder acceder a
bibliotecas, salas de estudio, lo que perjudica a los estudiantes de
familias con menor capacidad de renta.
-
Queremos
colaborar en el diseño de un Plan Digital para extender las
competencias digitales de las universidades públicas, sin perder la
potencialidad de la interactuación entre las personas sin mediación
y toda la riqueza de la presencialidad.
En CCOO
trabajamos para que nadie se quede atrás: ningún estudiante,
ninguna trabajadora ni trabajador temporal, y para que no empeore la
empleabilidad futura, las condiciones de trabajo y el sostenimiento
de la Universidad como servicio público.
CCOO
apuesta para que la Universidad Pública pueda seguir realizando las
tareas que le corresponden: Docencia, Investigación e Innovación
sin recortes de plantillas,
manteniendo
las OEPs y prorrogando acuerdos para mantener puestos de trabajo
tanto fijos como eventuales.
