Discriminación en las costas judiciales

CCOO pide suprimir la imputación de costas judiciales en los contenciosos

El sindicato CCOO expone el desequilibrio existente en los procesos judiciales para exigir responsabilidades a las administraciones públicas, ya que la existencia de estas costas judiciales disuade de interponer pleitos por el riesgo económico que conlleva.

Muchos ciudadanos y ciudadanas se lo piensan dos veces antes de interponer un pleito contra la Administración. Esto es así porque, además del gasto en profesionales de la abogacía y la procuraduría, puede darse la imputación de unas costas judiciales que, en algunos casos, puede suponer un desembolso de varios miles de euros. Así, una vez más, las actuaciones irregulares o arbitrarias en el funcionamiento de la Administración podrían quedar impunes. Por tanto, se produce un desequilibrio entre la administración (por la dificultad de poder exigirle responsabilidades frente a su actuación) y la persona, que ve perjudicados sus derechos ante dicha actuación.

 

Esto le sucede especialmente al personal funcionario al servicio de las administraciones, cuando se ven obligados a pleitear contra una decisión unilateral de la Administración en su papel de empleadora por la que resultan claramente perjudicados en su salario o en las condiciones en las que prestan sus servicios. Del mismo modo, también afecta a la totalidad de quienes concurren en los procesos selectivos para plazas de empleo público si desean recurrir las decisiones de las Comisiones o Tribunales de selección.

 

Sin embargo, en el orden social o laboral no se aplica esta imputación de costas judiciales, por lo que se genera una gravísima discriminación entre personal funcionario y personal laboral.

Por tanto, tenemos una doble discriminación: primero según el ámbito jurisdiccional en el que toque tratarse la cuestión (orden contencioso u orden laboral) y, en segundo lugar, en función de que el vínculo de la persona con la administración sea laboral o funcionarial (siendo estas últimas personas las más discriminadas ya que siempre deben acudir a la jurisdicción contenciosa y, eventualmente, pagar costas)

Son estas circunstancias las que han llevado al Área Pública de CCOO a tomar la iniciativa. Ante el anuncio de un nuevo proyecto para aprobar o modificar la Ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, exigimos que se retiren las costas judiciales para este orden jurisdiccional.

CCOO considera que, para avanzar hacia la igualdad y la no discriminación ante la ley, hay que garantizar que los sistemas y procedimientos judiciales no tengan elementos que disuadan a las personas trabajadoras del ejercicio de sus derechos.

 

CCOO CONTRA LAS COSTAS JUDICIALES!!