NUESTRA PROFESIONALIDAD Y COMPROMISO REQUIERE UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DE LA JORNADA Y AUMENTO DEL TELETRABAJO
La Vicegerencia de personal nos ha convocado para informarnos de su
intención de iniciar la negociación de la jornada laboral para el
2026.
La Circular de Jornada es uno de los instrumentos laborales más importantes del
PTGAS ya que determina la organización de los tiempos de trabajo y
es clave para compatibilizar la vida personal y laboral.
Uno de los
compromisos del nuevo equipo rectoral era mejorar el bienestar de las
personas que trabajamos en la UPV/EHU. Compartimos este objetivo.
Sabemos que el activo principal que impulsa a nuestra Universidad
somos sus trabajadoras y trabajadores.
A pesar de las
dificultades que sufrimos desde hace años como la baja ratio
PDI/PTGAS, las valoraciones de puestos sin actualizar o la ausencia
de carrera profesional, entre otros, el PTGAS muestra a diario su
compromiso y profesionalidad.
El Plan de CCOO:
La sección de
CCOO en la UPV/EHU ha presentado a la Vicegerencia de Personal un
Plan con el objetivo de mejorar la jornada de trabajo y, por tanto,
nuestro bienestar.
Se trata de
medidas que pretenden aunar la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, así como la necesaria actualización de la
normativa sobre teletrabajo.
Las
reivindicaciones principales de CCOO se basan en un aumento de la
flexibilidad en el desempeño de nuestro trabajo, que ha de estar
basado en objetivos y no en horarios.
También
resaltamos la importancia de los cuidados. En una sociedad envejecida
y cada vez más individualista, en la que los cuidados se
externalizan, privatizan y monetizan, reivindicamos el derecho a
cuidar y ser cuidados por nuestras personas queridas y familiares.
La modalidad de teletrabajo ha demostrado en los últimos años su
eficacia y necesidad. La normativa de la UPV/EHU ha quedado desfasada
y es necesario un impulso de su desempeño que ya se ha evidenciado
como eficiente y óptimo.
Cada avance en
la mejora del bienestar del PTGAS, supone un paso hacia una mejor
versión de nuestra UPV/EHU.
Desde CCOO, os informamos en relación a los procesos de provisión de personal de la UPV/EHU.
Hoy, lunes 3 de noviembre, se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el acuerdo de mínimos. Este acuerdo, ratificado por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU el 9 de octubre de 2025, establece los criterios que regirán:
El concurso de traslados del personal funcionario de carrera de la UPV/EHU.
La provisión de vacantes del personal laboral fijo de la UPV/EHU.
Las convocatorias de los procesos de ingreso de las OPEs 2023/2024.
Según la información proporcionada por la Vicegerencia de Personal, se prevé que a partir de mañana, martes 4 de noviembre, se inicie el proceso de solicitudes tanto para el concurso de traslados como para la provisión de laborales.
Además, la Vicegerencia ha comunicado que, dado que el inicio coincide parcialmente con una actualización de la web, se ampliará el plazo de solicitudes un día hábil más.
Financiación universitaria: una responsabilidad de las Comunidades Autónomas
La crisis de financiación de
nuestra universidad ha entrado definitivamente en la agenda pública
tras las últimas declaraciones del Rector. Ahora que el Rectorado ha
reconocido la insostenibilidad de la situación, se abre una nueva
fase. Es el momento de abandonar los titulares de prensa y pasar a la
negociación rigurosa de propuestas concretas.
Por ello, desde CCOO,
queremos elevar el nivel de la discusión. Nuestra lucha no es una
cuestión local de la UPV/EHU o Euskadi, ni una reacción
improvisada; forma parte de una estrategia coherente y
documentada de Comisiones Obreras en todo el Estado para la
defensa de la universidad pública.
Esta
visión global es posible porque CCOO, como sindicato de clase,
trabaja y negocia en todos los ámbitos donde tiene representación:
desde las mesas de la UPV/EHU hasta las comisiones ministeriales en
Madrid donde se define el futuro del sistema.
1. El Diagnóstico: La
Infrafinanciación como Estrategia Política
Como denuncia la Federación de
Enseñanza de CCOO en su último informe estatal, la
infrafinanciación es una estrategia deliberada de buena parte de las
Comunidades Autónomas.
Los datos son alarmantes:
La inversión en España
(0,74% del PIB) es un 20% inferior a la media europea.
El gasto por estudiante, un 24% menor.
Mientras los presupuestos de
las CC.AA. han crecido un 56% desde 2009, las transferencias a las
universidades apenas han subido un 21%, lo que supone una pérdida
real de poder de financiación del 7,4% si contamos el IPC.
En este contexto, el "marco
vasco" no nos ha protegido. La inacción del Gobierno Vasco, en
ocasiones con gestos inequívocos contra la universidad pública, nos
ha colocado en la misma senda de deterioro que otras comunidades.
CCOO ya ha ido dando aviso de la posición del Consejero de
Universidades, Ciencia e Innovación vasco, quedando patente
que su prioridad no es impulsar la universidad pública.
2. La Exigencia: Cumplir
la Ley Orgánica del Sistema Universitario y Definir un Modelo Claro
Frente a las excusas y la
propaganda, CCOO presenta un plan riguroso basado en el
informe de nuestra Federación. Nuestras exigencias son claras y se
fundamentan en la ley:
Aplicación del 1%
del PIB Autonómico en 2030: Exigimos que se cumpla el
mandato de la LOSU, tomando como referencia el PIB de Euskadi. Es
necesario un plan plurianual de financiación para alcanzar dicho
objetivo. No es una opción, es una obligación legal.
Financiación
Adicional por Plurilingüismo: Insistimos en este punto,
que CCOO ha venido defendiendo en solitario hasta escasos
días cuando, por primera vez, el rectorado parece haberse sumado a
esta reivindicación de CCOO,
cuestión que celebramos.
La
UPV/EHU, a diferencia de otras universidades del Estado, tiene un
sobrecoste estructural por su bilingüismo. Renunciar a la
financiación específica que permite la LOSU para esta singularidad
es aceptar que nuestra universidad compita en desventaja
y que los fondos que deberían ir a mejorar las condiciones del
personal se destinen a cubrir este déficit. Es esta la razón
por la que CCOO está instando al Rectorado a elaborar y
presentar la memoria económica que justifique esta
reclamación.
3. La Responsabilidad del
Rectorado: Una Reacción Lenta y Tardía
Es positivo que el Rectorado
muestre, por fin, firmeza en exigir una financiación tan necesaria.
Pero las declaraciones en prensa no incrementan los salarios del
personal, no financian la promoción del PDI ni desarrollan la
carrera horizontal del PTGAS.
En
este punto, habría que preguntarse por
qué el equipo rectoral ha tardado tanto en reaccionar,
por qué se puso tan tarde a trabajar y por qué ha
actuado mediante políticas
de hechos consumados, elevando a Gobierno Vasco una petición de
financiación basada en un “Diagnostico
de Necesidades”
que la representación sindical aún no conoce, cuando afecta
directamente a las condiciones laborales de todo el personal y es
objeto de negociación colectiva, negando con este proceder la
transparencia y actitud participativa de la que pretende hacer
alarde. ¿Por que lo presento cuando ya no quedaba margen?
4. Financiación que Mejore de las Condiciones
Laborales del Personal
Ahora, la pregunta clave es: ¿ese
dinero será para la plantilla?CCOO exige que cualquier
financiación adicional se destine a las verdaderas prioridades del
personal de la UPV/EHU:
Subidas salariales
para PDI y PTGAS.
Implantación de la carrera
horizontal del PTGAS y actualización de la valoración de
puestos de trabajo.
Un plan de promoción
del PDI real y financiado.
El cumplimiento de la promesa
de aumento de la plantilla.
Solucionar la falta de
personal, especialmente del Servicio de Prevención.
Medidas de conciliación
y para eliminar la brecha salarial por razón de sexo.
5. Negociando por tu Salario en Todos los Frentes
La estrategia de CCOO para la defensa del personal de la UPV/EHU es integral y no se detiene en Euskadi Entendemos que nuestras condiciones laborales se negocian en múltiples ámbitos, y nuestra fuerza reside en tener la capacidad de presionar en todos ellos.
Un ejemplo claro y reciente es la
movilización por la recuperación de nuestro poder adquisitivo. Ayer
mismo, la sección sindical de CCOO en la UPV/EHU asistió a la
concentración convocada en Bilbao para exigir al Gobierno
del Estado el cumplimiento del "Acuerdo Marco para una
Administración del Siglo XXI", que contempla la subida
salarial para todo el personal del sector público.
Esta presión, ejercida de forma
coordinada por CCOO en todo el Estado, ya ha dado sus
frutos. Ante la amenaza de una huelga general, el
Gobierno ha cedido y ha anunciado quela próxima semana
comenzará la negociación para la subida salarial de los
empleados públicos.
CCOO celebra que el Rector se sume a las tesis de este sindicato sobre Financiación, pero exige concreción y transparencia: "¿Dinero para qué?"
Ante las recientes noticias en
prensa en las que el Rector de la UPV/EHU anuncia un plan para exigir
un aumento sustancial de la financiación, la sección sindical de
CCOO quiere manifestar su posición. Nuestro sindicato, que lleva
meses alertando sobre la insostenible situación financiera de
nuestra universidad, valora positivamente cualquier movimiento que
busque revertir los recortes y la precariedad. Sin embargo, este
anuncio llega tarde, mal y de la peor manera posible: a través de
los medios de comunicación y ninguneando a la representación legal
del personal.
CELEBRAMOS UN CAMBIO DE
RUMBO NECESARIO, AUNQUE FORZADO
CCOO valora positivamente
que el Rector, finalmente, abandone su tibieza inicial ("el 1%
no es mi obsesión") y empiece a defender aquello en lo que CCOO lleva insistiendo desde noviembre de 2024:
la necesidad de exigir una financiación ambiciosa para nuestra
universidad pública [1]. Nos alegra que, tras la presión constante de
CCOO, el Rectorado reconozca ahora la importancia de cumplir
con el marco estatal de la LOSU, que establece un
suelo mínimo del 1% del PIB y que representa una oportunidad
histórica que no debe ser desaprovechada. Dentro de este marco, es
fundamental que la UPV/EHU elabore una memoria económica
para el bilingüismo, con el objeto de poder reclamar la
financiación adicional que nos corresponde y no competir así en
desventaja con las universidades monolingües del Estado.
DENUNCIAMOS LAS FORMAS:
PROPAGANDA PARA LA PRENSA, SILENCIO PARA EL PERSONAL
Lamentamos el desprecio a
la representación del personal que demuestra el equipo
rectoral. Es inaceptable que nos hayamos tenido que enterar por la
prensa de una estrategia de esta magnitud. Esta forma de actuar,
ignorando a la representación legal del personal, confirma la falta de
transparencia que venimos denunciando y demuestra que el Rectorado
prioriza la propaganda sobre el diálogo social. Pero CCOO no está para ser comparsa de ninguna
agenda propagandística: somos la representación legal de las personas trabajadoras.
LA PREGUNTA CLAVE:
¿DINERO PARA QUÉ?
La principal preocupación de CCOO
ahora es saber si este aumento de financiación se destinará a
mejorar las condiciones del personal o a otros fines. El Rector ha
anunciado un "diagnóstico de necesidades" del que nada
sabemos. Por ello, y para poder valorar con rigor dicho documento,
CCOO exige que se nos proporcione acceso al mismo a la máxima
brevedad posible y por ello hemos registrado una solicitud en este sentido a Gerencia.
Los sindicatos no somos agentes pasivos; deberíamos haber
participado en la elaboración de un diagnóstico que afecta
directamente a las condiciones laborales de todo el personal, lo que es materia de negociación colectiva.
Queremos verificar si en él se
contemplan partidas para las verdaderas prioridades de la plantilla:
Subidas salariales
para PDI y PTGAS que cierren la brecha con nuestro entorno.
La implantación de la
carrera horizontal del PTGAS y actualización de la valoración de puestos de trabajo.
Un plan de promocióndel PDI real y financiado.
El cumplimiento de la promesa
de aumento de la plantilla.
Solucionar el problema de falta de personal del Servicio de Prevención.
Eliminar la brecha salarial por razón de sexo.
Fomentar el bienestar de las personas trabajadoras: conciliación.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL:
LA FALTA DE COMPROMISO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La situación de la UPV/EHU no es
un caso aislado. Como denuncia la Federación de Enseñanza de CCOO
en su comunicado
a nivel estatal, la infrafinanciación es una
estrategia deliberada de buena parte de las Comunidades Autónomas
para debilitar la universidad pública y favorecer el negocio de la
privada. El "marco vasco", lejos de ser una protección,
demuestra ser tan ineficaz como el de otras comunidades para
garantizar el futuro de su universidad pública.
La lucha de CCOO no es por
un cheque en blanco para el Rectorado, es por un presupuesto que
sirva para dignificar las condiciones laborales de quienes hacemos
funcionar la universidad. Seguiremos informando.
En
febrero, la
Sección Sindical de CCOO en la UPV/EHU publicó un comunicado bajo el título "Un
precedente que nos alarma".
En él, advertíamos con preocupación de un patrón de agresiones y
señalamientos a personal docente por parte de sectores minoritarios
del alumnado, y de una respuesta institucional que considerábamos
insuficiente. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón y hoy
nos vemos en la obligación de denunciar que la situación no solo
persiste, sino que se agrava ante la pasividad del equipo rectoral.
En el
contexto de una reciente y mediática controversia externa a la
universidad, dos profesores de la UPV/EHU han sido objeto de una
campaña de acoso, señalamiento público en el campus y presiones
intolerables por expresar sus opiniones personales en sus redes
sociales. Este patrón de actuación —utilizar la
ideología como
pretexto para el linchamiento de personas
trabajadoras—
reproduce fielmente el escenario que ya denunciamos, demostrando que
no se han aprendido las lecciones ni se han tomado las medidas
necesarias para actuar
ante estas situaciones.
La posición
de la Sección Sindical
de CCOO
es inequívoca en la defensa de los derechos de todas las personas
trabajadoras, la presunción de inocencia, la libertad de expresión
y el rechazo frontal a cualquier forma de violencia, coacción o
acoso. Pero ante la reincidencia, la defensa ya no es suficiente.
Ahora es el momento
de la exigencia. Lo
más grave es constatar que el Equipo Rectoral, lejos de haber
aprendido de experiencias pasadas, reincide en los mismos errores.
En
la Comisión Negociadora celebrada el pasado 23 de octubre, la
respuesta del Vicerrector de PDI ante nuestra denuncia fue
decepcionante y reveladora de una peligrosa dejación
de funciones.
En lugar de abordar el asunto con la urgencia que requiere, intentó
relegarlo a un mero trámite de "ruegos y preguntas",
mostró falta de información y adoptó una postura
evasiva,
dirigiendo la responsabilidad hacia el Decanato y el Aldezle.
Esta
actitud se torna esperpéntica al constatar que, mientras la Comisión
Negociadora tenía lugar, en el exterior del centro de trabajo de los
profesores señalados se iniciaba una concentración convocada por
los mismos colectivos que los acosan, con el lema explícito de
"Irakasle
Erreakzioarioak EHUtik KANPO", permitida,
al menos tácitamente, por el propio Rectorado.
Más
aún, el Vicerrector de PDI, en un intento de crear una intolerable
equidistancia, insinuó
la
existencia de "hechos violentos" por parte de un profesor,
sin aportar prueba alguna y empañando la imagen de la víctima.
Sobre
la normativa vigente:
Ante esta
confusión de las responsabilidades, nos vemos obligados a recordar
lo que la normativa vigente —la LOSU, los Estatutos de la UPV/EHU,
el Código Ético y la Ley de Convivencia Universitaria— establece:
Corresponde
al Decanato, como máxima autoridad del centro, la intervención
inmediata para
detener el acoso en sus instalaciones, como la retirada de carteles
o la identificación de los responsables de los disturbios, tal y
como se establece en el Reglamento de Convivencia de la UPV/EHU. Es
la primera línea de actuación, pero su función es limitada.
Sin
embargo, lejos de proteger al docente, desde la facultad se autorizó
el desarrollo de una asamblea de estudiantes
en el aula contigua a la que estaba impartiendo clase el profesor,
sufriendo ruidos y
golpes en la pared.
Este hecho, lejos contribuir a calmar la situación, añade más
presión y exposición sobre el trabajador acosado.
Competencia
del Vicerrectorado de PDI:
Un caso de acoso y amenazas a una persona trabajadora no
es un asunto de gestión ordinaria de un centro; es un problema de
personal, de relaciones laborales y de seguridad y salud en el
trabajo. La
responsabilidad última de proteger al PDI, garantizando su
seguridad y sus derechos laborales, recae directamente en el
Rectorado y, por delegación, en el Vicerrector
de PDI.
Es
él quien ostenta la competencia
para activar los protocolos de protección, analizar el conflicto
laboral y garantizar que el PDI pueda ejercer su trabajo en un
entorno seguro, tal y como se deriva de los Estatutos.
El
procedimiento a seguir, en
nuestra opinión, debería ser el siguiente:
la Universidad debe proteger al trabajador, abrir un expediente
informativo que esclarezca los hechos y dar
traslado del mismo a la
Comisión de
Convivencia, órgano
creado precisamente para mediar en estos conflictos.
Por todo lo
expuesto, CCOO
UPV/EHU ha exigido
formalmente en la mesa de negociación:
Una
condena pública,
firme e inmediata
por parte del Rectorado de los actos de acoso y coacción sufridos
por los profesores, rechazando cualquier intento de amedrentar a los
trabajadores de esta universidad.
La
articulación de medidas
de protección efectivas e inmediatas
que garanticen la seguridad del profesorado afectado y el normal
desempeño de su actividad docente.
La
apertura de un
expediente disciplinario
al alumnado que ha sido identificado como responsable de estos actos
intolerables.
Que el
Vicerrector de PDI
asuma de manera explícita la responsabilidad
que le otorgan los Estatutos en la protección y amparo del personal
a su cargo, abandonando cualquier intento de delegar o eludir sus
funciones.
No
permitiremos que el acoso, el señalamiento y
la censura previa se
normalicen en nuestra universidad, como tampoco aceptaremos que la
pasividad y las evasivas se conviertan en la respuesta estándar de
nuestro equipo rectoral. La UPV/EHU debe ser un espacio de libertad y
seguridad para todas las personas que la integran. Desde CCOO,
seguiremos trabajando y exigiendo que así sea.
Desde CCOO os informamos
de algunas cuestiones tratadas ayer 22 de octubre de 2025 en la
comisión de planificación de PTGAS que consideramos de vuestro
interés.
Son las siguiente:
Personal laboral: El plazo para presentar
solicitudes de jubilación parcial (contrato relevo) se
encuentra abierto podéis encontrar toda la documentación en la web
y finaliza el viernes 31
de octubre.
La convocatoria del concurso de traslados para
los funcionarios y la provisión para los laborales tendrá lugar
tras la publicación en el BOPV del acuerdo de mínimos. Se
desconoce el plazo de desarrollo del concurso de traslados,
provisión, promoción interna y OPE pero tiene intención de
reforzar el personal de selección y provisión para agilizar el
proceso considerando que tiene que estar todo resuelto para
diciembre de 2026.
Muchas bolsas de trabajo se encuentran
prácticamente agotadas por ello se van a realizar nuevas
convocatorias de bolsas de trabajo de manera escalonada.
Nuestras reclamaciones en la comisión:
Hemos
reclamado un calendario de negociaciones
con fechas previstas para comenzar a negociar temas tan importantes
como la carrera horizontal, el teletrabajo, circular de jornada,
reglamento de bolsas de trabajo, etc.
Hemos pedido que se estudie y se de respuesta
clara y fundada en derecho sobre si el
personal que obtuvo plaza por promoción interna podrá presentarse
al concurso de traslados.
También hemos exigido la
actualización de la guía de conciliación
que se encuentra obsoleta y no adecuada a la legalidad vigente.
Más allá de reivindicar la necesidad de negociar un nuevo acuerdo
de teletrabajo, hemos solicitado que se adopten medidas para que
todas las personas que se han movido de puesto como consecuencia de
los procesos de estabilización puedan
solicitar teletrabajo aún no cumpliendo el plazo mínimo de un año
establecido actualmente como requisito.
Nuestro rechazo al descuento por el paro del 15 de octubre:
La
administración nos ha confirmado su intención de descontar de la nómina
de noviembre la participación en las movilizaciones del 15 de octubre.
Desde CCOO hemos mostrado nuestro rechazo a esta medida.
Nuestro rechazo se basa en una doble vara de medir del Rectorado que, a nuestro juicio, es inaceptable. Cuando fue el equipo rectoral quien convocó un paro en septiembre (recordad nuestro comunicado),
decretaron un cierre patronal y garantizaron por escrito que no habría
descuento en nómina, todo para asegurarse una bonita foto ante los
medios. Sin embargo, cuando la convocatoria proviene de los sindicatos,
su compromiso se diluye y optan por penalizar económicamente a la
plantilla.
Esta hipocresía se agrava con una doble discriminación:
Trato de favor al alumnado:
Mientras el Rectorado dedicaba una resolución oficial y una web con
información detalladísima para garantizar que los estudiantes tuvieran
un "paro académico" sin ninguna consecuencia, al PTGAS y a los propios sindicatos se le sometió a
un completo apagón informativo, sin notificaciones ni directrices.
La sempiterna discriminación con el PDI:
La fórmula del "paro académico" protege de facto al PDI (si no hay
alumnos, no hay clase), pero la sanción económica recae, una vez más,
sobre el PTGAS, cuyo trabajo es fácilmente fiscalizable a través del
sistema de fichaje.
Por fin en nómina: incremento del 0,5% de 2024
Tal
y como os informamos en julio, en la nómina de este mes veremos por fin
reflejado el incremento salarial del 0,5% que se nos debía con carácter
retroactivo desde enero de 2024. Recordad que esto no es la subida de 2025, por la que desde CCOO seguimos luchando.
CCOO ha reclamado desde el primer momento al Gobierno la necesidad de una mayor ambición en la reforma del RD 640/2021
Esta reforma debía ser de las más importantes de esta
legislatura tras la entrada en vigor de la LOSU ya que se suponía que
venía a endurecer los requisitos para la creación de nuevas
universidades privadas. La realidad es que no responde a estas
expectativas:
MEJORA LA REDACCIÓN INICIAL DEL RD 640/2021, lo cual no era difícil.
Los requisitos que contemplaba eran tan generalistas y mínimos que su
aplicación ha llevado a reconocer como universidades a proyectos más
cercanos a una academia de estudios que a una universidad. Ya durante su
tramitación CCOO señaló que dicho Real Decreto no terminaba de atajar
el problema del aumento indiscriminado de centros de titularidad privada
y la realidad ha corroborado dicha advertencia: su aplicación no ha
impedido que, en los cuatro años transcurridos desde su entrada en
vigor, se haya pasado de 39 a 46 universidades privadas ofertando plazas
en el curso 2025/2026, a las que habría que añadir otras cuatro
universidades privadas que fueron informadas el pasado 9 de septiembre
por la Conferencia General de Política Universitaria (ANEXO I).
Un total, hasta el momento, de 10 universidades privadas nuevas bajo el
paraguas de una norma que en principio venía a “gestionar, ordenar y
planificar con mayor capacidad las iniciativas en aumento de creación de
universidades o de centros universitarios” bajo el principio de la
calidad.
PERO NOS TEMEMOS QUE NO VA A IMPEDIR QUE SIGAN PROLIFERANDO NUEVAS
UNIVERSIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIO DE DUDOSA CALIDAD. Se introducen
con la reforma toda una serie de exigencias que aparentemente exigirán
unos criterios más estrictos en los proyectos que se presenten a partir
de su entrada en vigor. Pero la no exigencia del carácter preceptivo y
vinculante de todos los informes requeridos dejarán, en buena parte de
los casos, la capacidad última de su aprobación final en manos de las
comunidades autónomas.
Esto preocupa especialmente en Euskadi donde ya conocemos la posición del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias respecto a las privadas (ver apartado "Esquema de Certificados Frente al Decreto Estatal" de este comunicado [1]), así como sus declaraciones en Onda Vasca del pasado 29 de mayo en las quese evidencia una política alejada de la defensa de la universidad pública [2].
Lo que cambia y lo que debería haber cambiado
Sin duda la reforma de la norma establece nuevos requisitos y modifica algunos ya existentes (ANEXO II).para garantizar un mínimo de calidad, lo que se debe valorar de manera positiva. Entre estos cambios destacamos:
Las universidades tendrán que ofertar 3 programas de doctorado, no 2
como hasta la reforma. Se mantiene la obligación de ofertar al menos 10
grados y 6 másteres de 3 de las 5 áreas de conocimiento (ciencias, arte
y humanidades, ciencias de la salud, ingenierías y ciencias sociales).
Las universidades de nueva creación deberán demostrar solvencia
económica mediante un aval depositado en la Caja de Depósitos o
instrumento legal similar.
El nuevo decreto establece un umbral de 4.500 estudiantes durante
los primeros seis años de funcionamiento. Hasta ahora el decreto hablaba
de una “masa crítica” suficiente. En el curso 2023/24, la media de
matriculados fue de 19.800 en las públicas y 11.000 en las privadas. En
13 de las privadas no llegaban a los 3.000 inscritos en la universidad.
Se contemplan diferentes plazos de cumplimiento, mínimo de seis años (en
el proyecto inicial eran cinco), con posibilidad de extenderlo a dos
más. Tres años si se han creado en los últimos ejercicios.
El decreto modificado obliga a que los proyectos de universidad
cuenten ahora con informe favorable, preceptivo y vinculante, de la
agencia de evaluación nacional (ANECA) o de la agencia autonómica de
evaluación. Los expertos contarán con un año para elaborarlo y se
centrará en la calidad del profesorado, la investigación y los
equipamientos. Si la iniciativa no es considerada apta, los promotores
no podrán presentar otra propuesta en dos años. Si el informe es
positivo, toca al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,en
el plazo de 6 meses, elaborar un informe no vinculante que se elevará a
la Conferencia General de Política Universitaria para su aprobación o
no. Se enfocarán en la sostenibilidad económica, así como en la
experiencia previa. Hasta la entrada en vigor del RD evaluaban también a
la plantilla y los medios, que ahora evaluarán las agencias.
La creación de nuevas universidades a distancia deberá contar con la
aprobación de las Cortes Generales y la evaluación de la ANECA.
Seguirán siendo competencia de las CCAA aquellas que ya estuvieran
creadas en la fecha de entrada en vigor del RD; aquellas que estén en
territorios con lengua propia cooficial y cuando al menos el 50% de la
docencia se vaya a impartir en dicha lengua (porque ello limita el
alcance supracomunitario de su actividad académica); y las que tengan
financiación parcial de la comunidad autónoma, con un mínimo del 20% del
presupuesto de la universidad. Los ejemplos son claros: la UOC en
Cataluña y la Internacional de Valencia en la Comunidad Valenciana.
Se exigirán criterios de calidad al profesorado docente e
investigador. En concreto, al menos el 50% deberá ser doctor para el
conjunto de las enseñanzas; y, al menos, el 60% debe tener experiencia
acreditada en investigación.
Pero entendemos que se dejan abiertas determinadas puertas que no
garantizan el objetivo de calidad y mejora del sistema universitario,
que es lo que se supone que persigue esta modificación legislativa. Así,
y a título de ejemplo, vemos como:
No se podrá pedir experiencia previa a los promotores de una nueva
universidad, por lo que cualquier persona o empresa podrá promover una
universidad, aunque su actividad profesional nada tenga que ver con el
ámbito universitario. Se mantiene esta exigencia, ya contemplada el
proyecto inicial de reforma sólo a los gestores.
Desde CCOO entendemos imprescindible que todos los informes
preceptivos deben ser vinculantes, lo que no ocurre con esta reforma, en
los que sólo los informes de las agencias de evaluación lo son. Es
decir, el informe de la Conferencia General de Política Universitaria
que valorará la sostenibilidad económica del proyecto no será
vinculante, con lo que esto supone de riesgo para la viabilidad futura
del proyecto.
El informe de la Conferencia General de Política Universitaria que
se contemplaba para la creación, adquisición y adscripción de centros
por una universidad privada en una comunidad autónoma distinta de
aquella en la que tiene su sede social, ya no tendrá que ser favorable.
Es decir, que, aunque el informe sea demoledor en contra del nuevo
centro, las comunidades autónomas afectadas podrán autorizar el proceso
si así lo consideran. Esto es especialmente grave ya que esta es la
fórmula que empieza a extenderse para la expansión de las universidades
privadas en funcionamiento.Y seguirá ocurriendo lo que hasta ahora es
norma: que todas las universidades con informe desfavorable de dicha
Conferencia al final terminan siendo autorizadas por las comunidades
autónomas. Y para muestra las siguientes: en los últimos 15 días se han
aprobados tres nuevos centros adscritos: uno en las Islas Baleares (CEU
San Pablo en Mallorca) y otros dos en el Principado de Asturias (el de
la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo, y el de la Universidad
Nebrija, en Avilés). Los tres comenzarán su actividad académica en el
curso 2026/2027.
Las universidades de nueva creación deberán contar con alojamiento
para al menos el 10% de su alumnado, garantizando movilidad y
promoviendo la igualdad de oportunidades ante el encarecimiento y la
escasez de vivienda. Sin embargo, no se obliga a las universidades a que
dicha dotación habitacional sea prestada total o parcialmente por las
universidades y con unos precios que garanticen la igualdad de
oportunidades, sino que se podrá atender mediante convenios con
entidades privadas, cuyo objeto es la obtención del beneficio económico.
Los informes para la creación de universidades a distancia, en lugar
de lo previsto en el proyecto de reforma que se vinculaban en todos los
casos a la ANECA y al ministerio, seguirán vinculados a las agencias de
calidad autonómicas si el 50% de las clases son en lengua cooficial, si
el 20% de la financiación la reciben de una autonomía o han sido
creadas antes de la modificación del decreto. No podemos olvidar que
este tipo de enseñanza a distancia es una parte esencial del negocio de
las universidades privadas.
Las nuevas titulaciones deberán pasar por la Conferencia General de
Política Universitaria (CPU), pero su informe no será vinculante.
En general, se establecen plazos más amplios que en el proyecto de
Real Decreto de adaptación a la norma: tres años para las universidades
en activo, cinco para las de reciente creación, seis para alcanzar la
masa crítica de 4.500 estudiantes, y hasta siete años para cumplir
algunos de los objetivos de investigación.
Y lo que no deja de ser significativo: el servicio universitario se
considera como un “servicio esencial”, pero no como lo que es, “un
servicio público básico”.
CCOO ha reclamado desde el primer momento al Gobierno la necesidad de
una mayor ambición en la reforma del RD 640/2021. Resulta
imprescindible que los criterios de necesidad, idoneidad y calidad
primen en la decisión final de creación de una universidad por encima de
las consideraciones políticas o económicas, que dependen básicamente de
las mayorías parlamentarias y de los intereses de determinadas empresas
o personas físicas o jurídicas.
Para CCOO esta modificación legal, para ser efectiva, debe armonizar y
aumentar la exigencia de los requisitos mínimos necesarios para poder
hablar de “universidad”, así como fijar unos niveles básicos de calidad
en todos los componentes de nuestro sistema universitario, en el que
coexisten las universidades públicas con una buena calidad media, y las
privadas, una parte importante de las cuales tienen un bajo nivel
académico, lo que se refleja en una actividad de investigación residual,
que perjudica claramente al conjunto del sistema universitario. Y
tememos que la reforma ahora aprobada, a la vista de su contenido, no
garantiza que esto vaya a cambiar.
La universidad pública de calidad es un bien de toda la sociedad y
constituye una de las principales formas de contribución al progreso
social. No podemos dejar que la destruyan quienes quieren convertir el
derecho de todas y todos en el negocio de una minoría.
