ALARMADOS POR LAS DECLARACIONES DEL CONSEJERO

Las palabras del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, en su reciente entrevista en Onda Vasca, han encendido todas las alarmas en CCOO. Lejos de ofrecer respuestas concretas a los problemas acuciantes de la UPV/EHU, su discurso parece transitar por una realidad paralela, ajena a las necesidades más urgentes de nuestra universidad pública y de quienes trabajamos en ella. Nos alarma especialmente cómo parece frivolizar con el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y su mandato de financiación para la pública, sugiriendo 'alternativas' que nos hacen dudar seriamente de su intención de dotar a la UPV/EHU de los recursos que legalmente le corresponden. 

 

Recomendamos encarecidamente ver la entrevista 

Financiación Pública: ¿Compromiso Legal o "Formas Alternativas de Verlo"?

Resulta, cuanto menos, desalentador escuchar al máximo responsable de universidades en Euskadi relativizar la importancia de cumplir con los objetivos de financiación que marca la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Cuando se le interpela sobre la necesidad de que la UPV/EHU alcance el 1% del PIB en financiación, el Consejero nos responde que "cifrar los objetivos en términos porcentuales del producto interior bruto (...) es una forma de verlo, pero hay formas alternativas" (Onda Vasca, 01:34). Desde CCOO nos preguntamos: ¿qué "formas alternativas" pueden justificar eludir un mandato legal que busca garantizar la suficiencia financiera de la universidad pública? ¿Acaso la estabilidad y la calidad de la UPV/EHU dependen de la "forma de ver" la ley que tenga el gobierno de turno?

El Consejero insiste en que "de lo que se trata es de hablar de objetivos" (01:08) y de "qué queremos hacer con los recursos de los que disponemos" (01:59). Esta visión parece aceptar un marco de recursos limitados como punto de partida, en lugar de luchar por el que legalmente corresponde. Cuando desde CCOO hablamos de "objetivos", nos referimos a realidades que exigen financiación ya: hacer frente al elevado coste de las sentencias judiciales por incumplimientos previos; la urgente equiparación salarial del Personal Docente e Investigador (PDI) con el profesorado de etapas educativas anteriores; la mejora salarial y el desarrollo de la carrera profesional del Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS); la dotación de condiciones para un Servicio de Prevención propio que cumpla la ley (tras nuestra denuncia a OSALAN). Estos no son "objetivos" abstractos, Consejero, son necesidades y obligaciones legales incumplidas que impactan directamente en la calidad y en la viabilidad de nuestra universidad pública. Negar la "desventaja competitiva" (03:00) de la UPV/EHU en este contexto es ignorar la evidencia.

Atracción de Talento: ¿Con Marketing Territorial o con Condiciones Dignas?

Especialmente llamativa resulta la ironía con la que el Consejero aborda la "atracción de talento". Nos vende las bondades de Euskadi como "contexto académico atractivo" o "entorno geográfico amable" (24:58 en adelante). Desde CCOO nos preguntamos: ¿se pretende atraer investigadores de primer nivel únicamente con paisajes y un buen Índice de Desarrollo Humano? Es una omisión flagrante no mencionar las condiciones laborales específicas que la UPV/EHU ofrece como factor de atracción. Un silencio que dice mucho.

Más aún, al analizar la posible "fuga de talento" de EEUU, el Consejero sugiere que el beneficio podría recaer en el "tejido académico europeo" en general, evitando centrar la oportunidad –y la responsabilidad– en la UPV/EHU (18:59 - 20:01). ¿Es esto un reconocimiento implícito de que la UPV/EHU, con sus actuales condiciones, no puede competir por ese talento? ¿O es una forma de eludir el compromiso de mejorar esas condiciones para que nuestra universidad sea, por sí misma, un polo de atracción real y no solo una beneficiaria pasiva de crisis ajenas?

Las Prioridades de CCOO: La UPV/EHU y su Personal

En todo el discurso del Consejero, echamos en falta una mención proactiva y decidida a la mejora de las condiciones del PDI y del PTGAS de la UPV/EHU como elemento central de su política. Se habla de "calidad" de forma genérica, se mencionan rankings (07:03), pero se olvida que la calidad la construyen, día a día, el personal de la universidad.

Frente a la minimización del riesgo de proliferación de universidades privadas en Euskadi (10:09) –a pesar de que tres de cada cuatro universidades en nuestra comunidad ya son privadas, liderando el ranking estatal– y la vaguedad en los compromisos de financiación, desde CCOO exigimos:

1. Cumplimiento Estricto de la LOSU: Para el 2030 Euskadi tendrá que destinar, como mínimo, el 1% del PIB para la financiación de la UPV/EHU. No es una "forma de verlo", es una necesidad y un mandato legal. Sin embargo, a día de hoy, no disponemos de ninguna información sobre la planificación de la financiación de cara a cumplir con el objetivo de 2030. 

2. Financiación adicional para el bilingüismo: La LOSU contempla una financiación adicional que nadie, salvo CCOO, reclama en la UPV/EHU ni en el Gobierno Vasco.

3. Condiciones Laborales Dignas YA: La atracción y retención de talento, y la calidad de la UPV/EHU, pasan ineludiblemente por mejorar los salarios y las condiciones de todo su personal (IIP y TEKAZEL).

4. Defensa Inequívoca de lo Público: Menos promoción del "Sistema Universitario Vasco" como un todo indiferenciado y más apuesta clara y decidida por la UPV/EHU como única universidad pública.

 

Las palabras del Consejero Pérez Iglesias en Onda Vasca nos reafirman en nuestra determinación. Desde CCOO seguiremos trabajando y reivindicando una universidad pública fuerte, bien financiada y con un personal reconocido y dignificado. Esperamos que la administración tome nota y rectifique un rumbo que, a día de hoy, nos genera más dudas que certezas.

¡CCOO en defensa del Personal de la UPV/EHU!

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EL MINISTERIO PARALIZA LA POLÍTICA UNIVERSITARIA

CCOO reclama que se emprendan las reformas necesarias para garantizar el acceso al servicio público universitario y el cumplimiento de la LOSU.

CCOO exige que el Gobierno tome las riendas de la política universitaria y articule las reformas necesarias

Pronto se cumplirán dos años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). CCOO criticó dicha ley desde el principio ya que, aunque muchos de los objetivos o finalidades pretendidas y reflejadas en el preámbulo eran reivindicaciones de nuestro sindicato (como la reducción de la temporalidad y precariedad de las plantillas), las disposiciones que lo proseguían eran poco ambiciosas en la articulación de dichos objetivos.

Pues bien, en este tiempo se ha avanzado muy poco para la implantación efectiva de dicha ley. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dice que son las administraciones de las diversas comunidades autónomas las que tienen que impulsar nueva normativa para su desarrollo. Los gobiernos autonómicos solicitan al Ministerio aclaraciones, recursos o nuevos desarrollos normativos. En definitiva, seguimos igual, pasan los meses y los desarrollos normativos no avanzan.

Tan solo se puede desatacar la realización del programa de ayudas María Goyri de financiación para la incorporación de profesorado Ayudante Doctor a las universidades públicas españolas, no sin críticas tanto de la Conferencia de Rectores como de los gobiernos autonómicos por su insuficiencia.

Sin embargo, otras cuestiones fundamentales de la LOSU están paralizadas, como son:

• Comisión para el desarrollo del plan de incremento del gasto público hasta alcanzar el 1% del PIB en 2030. Desde su constitución el 20 de noviembre de 2024, esta comisión solo ha tenido una reunión más y se ha aplazado la tercera, permaneciendo en una fase de diagnóstico sine die.
• Desarrollo del Estatuto del Personal Docente e Investigador. Estamos fuera de la legalidad, pues la LOSU marcaba un plazo de seis meses para que el proyecto de ley entrara a su discusión en el Congreso de los Diputados. Las reuniones para la negociación de una propuesta de Estatuto del PDI han sido escasas y en este momento están paralizadas.
• Desarrollo de las nuevas figuras docentes y carrera académica. A pesar de que ANECA avanza en la elaboración de criterios para la acreditación de nuevas figuras laborales, para la modificación de algunos complementos retributivos como el sexenio de investigación y la reapertura de otros como el de transferencia, desde el gobierno parece no haber prisa en la implantación de todas estas medidas.

Sobre este último punto, CCOO ha enviado propuestas de mejora al documento marco de transferencia en el que está trabajando ANECA.

Pero todo está "a la espera". Sin una voluntad clara y decidida en seguir abordando la necesaria renovación y actualización del sistema público de educación superior y de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, todo aporte, reunión o negociación es pérdida de tiempo, y los preámbulos de las leyes se quedan en improductivos brindis al sol.  

Desde CCOO exigimos que el Gobierno tome las riendas de la política universitaria y articule las reformas necesarias para alcanzar el sistema universitario público de calidad que nos merecemos.

 

 ¡CCOO en defensa del Personal de la UPV/EHU!

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ALARMANTE REDUCCIÓN DEL PDI FUNCIONARIO

ALARMANTE REDUCCIÓN DEL PDI FUNCIONARIO EN LA UPV/EHU

La UPV/EHU lleva ya una década incumpliendo la ley, antes la LOU y ahora la LOSU. En ambas leyes se establecen unos porcentajes de PDI funcionario de obligado cumplimiento. Lejos de cumplir con sus obligaciones legales, las políticas de personal de los equipos rectorales están llevando a la desaparición del PDI funcionario en esta universidad.

Desde la Sección Sindical de CCOO en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea queremos denunciar públicamente este alarmante descenso del Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario en nuestra universidad, una tendencia que compromete seriamente la calidad, independencia y estabilidad de nuestra institución académica.

Además de lo expuesto, a finales del pasado 2024, hemos sido testigos del sorpasso del PDI laboral permanente al PDI funcionario, aunque hace ya mucho tiempo que CCOO lleva denunciando esta situación [1].

Aclaración: los datos presentados en este comunicado se ajustan al sistema de contabilización establecidos en el Artículo 64.3 sobre Personal docente e investigador de la LOSU:

3. El profesorado funcionario será mayoritario, computado en equivalencias a tiempo completo, sobre el total de personal docente e investigador de la universidad. No se computará como profesorado laboral a quienes no tengan responsabilidades docentes en las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales, ni al personal propio de los institutos de investigación adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado

DATOS OBJETIVOS QUE CONFIRMAN LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN

Los datos oficiales del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU muestran una tendencia inequívoca:

• El porcentaje de PDI funcionario ha caído drásticamente del 51,17% en 2015 al 27,98% previsto para finales de 2025.

• En términos absolutos, hemos pasado de 2.005 funcionarios docentes en 2015 a tan solo 1.111 proyectados para 2025, lo que supone una pérdida de 894 funcionarios (una reducción del 44,6%).

• La ratio entre PDI funcionario y PDI laboral permanente ha descendido del 74,59% al 45,44% en el mismo periodo. 

   

  
  
  

  Si entramos al grano fino, podemos ver cómo durante este mismo periodo:

  • El número de Cátedras han pasado de 421 en 2015 a 331 a inicios de 2025 (-22%)

  • El número de Titulares de Universidad de 1106 en 2015 a 676 en 2025 (-39%)

  Esta reducción constante y sostenida en el tiempo evidencia una política deliberada de laboralización del personal docente e investigador que consideramos profundamente perjudicial para el futuro de nuestra universidad.

  Si comparamos a la UPV/EHU con el resto de universidades públicas del Estado, podemos comprobar, a la vista de los datos, que la situación de la UPV/EHU es muy preocupante, situándose como la segunda universidad del Estado con menor porcentaje de PDI funcionario. Los datos que se presentan a continuación son los ofrecidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y se corresponden al curso 2022-2023. Debemos destacar que en los últimos dos cursos académicos la situación ha empeorado notablemente.

  
  

  

  CAUSAS DE ESTA TENDENCIA NEGATIVA

  Identificamos varias causas que explican esta preocupante evolución:

  1. Políticas desequilibradas en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE):

     • Los sucesivos equipos rectorales han generado un grave desequilibrio con su toma de decisiones, priorizando al máximo la estabilización del PDI en detrimento de su promoción en vez de encontrar un equilibrio entre ambas.

     • Condicionados por la tasa de reposición y utilizándola como excusa, se ha priorizado la estabilización cuando, en realidad, la tasa de reposición consumida a efectos de cambio de régimen jurídico (cuando el profesorado agregado o pleno promociona a Cátedra o Titular de Universidad) se recupera al año siguiente y puede emplearse posteriormente para la estabilización. Es decir, no se trata de elegir entre una cosa u otra, sino en administrar dicha tasa intentando satisfacer ambas necesidades.

     • De este modo se han reducido al extremo las plazas de Titulares y, en consecuencia, de Cátedras de Universidad.

  2. Medidas políticas en la UPV/EHU que han desincentivado activamente el acceso a cuerpos funcionariales:

     • Carga docente: se han impuesto durante muchos años una mayor carga docente al PDI funcionario, situación esta que se mantuvo hasta la entrada en vigor de la LOSU [2]. Esta política, que bien podría haber sido otra, como en muchas otras universidades públicas del Estado, disuadió en buena medida al PDI de acceder a los cuerpos funcionariales.

     • Suspensión del cobro de sexenios al acceder a cuerpos funcionariales. Esta medida política, que no se daba en otras universidades del Estado, dejaba sin cobrar sexenios al PDI que cambiaba de laboral a funcionario [3]. Esto no ayuda, precisamente, a impulsar la vía funcionarial.

     • Aunque este problema fue resuelto parcialmente, aún en la actualidad, quienes acceden a cuerpos funcionariales, deben esperar hasta el año siguiente, sin cobrarlos, para poder percibir lo que les corresponde [4].

  3. Cambios en la política de jubilaciones a nivel estatal:

     • Fin del régimen de Clases Pasivas: Antes de 2011, el nuevo personal funcionario ingresaba en un régimen con ventajas notables a efectos de jubilación, pudiendo jubilarse a partir de los 60 años. A partir de ese año, el nuevo funcionariado ingresa en el Régimen General de la Seguridad Social.

     • Imposibilidad de acogerse a la jubilación parcial (contrato relevo): En la actualidad, aunque el problema parece estar cercano a su solución, el personal funcionario no puede acogerse a la jubilación parcial, a diferencia del personal laboral [5].

  4. Disparidad en los criterios de acreditación:

     • Las acreditaciones de Unibasq permiten acceder antes a las figuras de profesorado laboral permanente por requerir menores exigencias que las acreditaciones de ANECA, facilitándose de este modo una vía más atractiva hacia las figuras laborales permanentes que favorecen esta tendencia a la laboralización.
       

  Se comprende que, a igual salario entre las figuras laborales y funcionariales, y no habiendo incentivos suficientes, sino todo lo contrario, para optar por la vía funcionarial, el personal opte por la vía laboral para poder acceder antes a mejores condiciones laborales.

  En este sentido, CCOO está reclamando una adaptación a la LOSU de los criterios de la ANECA para la acreditación como Titular y Cátedra de Universidad, puesto que la nueva ley ha establecido una carrera más corta en la que se hace muy difícil obtener estas acreditaciones a tiempo [6] .

  
  

  GRAVES CONSECUENCIAS PARA NUESTRA UNIVERSIDAD

  Esta situación tiene importantes implicaciones que afectan al núcleo mismo de la función universitaria:

  1. Incumplimiento normativo: La LOSU establece claramente que el PDI funcionario debe constituir la mayoría del personal docente e investigador, requisito que la UPV/EHU está incumpliendo de forma flagrante.

  2. Amenaza a la libertad de cátedra: El PDI funcionario disfruta de una estabilidad laboral, permitiéndoles ejercer su libertad académica sin influencias externas. Esta estabilidad es una garantía democrática fundamental para la independencia académica, la cual podría encontrarse actualmente amenazada.

  3. Deterioro de la excelencia académica: La consolidación de una plantilla con menor proporción de PDI funcionario implica la aplicación de estándares de evaluación menos exigentes (ANECA vs Unibasq), lo cual podría, potencialmente, afectar a la calidad académica e investigadora de nuestra universidad.

  4. Constitución de tribunales: La UPV/EHU enfrenta ya un serio problema en la constitución de tribunales para la selección de Titulares y Cátedras de Universidad. Hay ya muchas áreas de conocimiento en las que no hay personal funcionario suficiente y debe recurrirse a Personal externo a la UPV/EHU. Esto supone una debilidad alarmante para una universidad que aspira a estar entre las mejores, lo que requiere una buena proyección pública

  5. ¿Caminamos hacia la privatización?: La progresiva laboralización del PDI en la UPV/EHU no solo incumple la LOSU, sino que debilita la autonomía universitaria. Al reducirse el funcionariado, se pierde un contrapeso esencial contra injerencias externas, como evidencia la creciente dificultad para constituir tribunales académicos de selección sin recurrir a personal ajeno a la institución. Esto, sumado a políticas que incentivan la captación de fondos privados para sostener plazas laborales, transforma el conocimiento en un producto sujeto a demandas de mercado, no al interés público. 

     Defender al PDI funcionario no es nostalgia corporativista: es preservar la independencia, excelencia y equidad que definen a una universidad pública. La LOSU podría ser un dique contra la mercantilización, pero solo si se aplica con fidelidad a su espíritu normativo, algo que hoy no ocurre en la UPV/EHU.

  
  

  
  

  REIVINDICACIONES DE CCOO

  En CCOO somos consciente que son muchas las personas que quieren orientar su carrera hacia los cuerpos docentes universitarios. Sin embargo, estas personas se encuentran con muchas dificultades para ello.

  Ante esta situación, desde CCOO exigimos:

  1. El establecimiento de un mecanismo directo de paso de Agregado/Pleno a Titular/Cátedra de Universidad. Esta es una cuestión que CCOO ya propuso al anterior equipo rectoral dado que, según nuestra interpretación de la LOSU, es una vía perfectamente posible, por lo que se procedió a hacer una consulta al Ministerio sobre su viabilidad de la que estamos a espera.

  2. Un plan urgente y específico para revertir esta tendencia negativa, estableciendo objetivos claros de incremento del PDI funcionario en los próximos años.

  3. La eliminación inmediata de todas las medidas discriminatorias que penalizan a quienes acceden a cuerpos funcionariales.

  4. Un reequilibrio de las OPE que garantice tanto la estabilización del personal temporal como el acceso a cuerpos funcionariales.

  5. Una adaptación de los requisitos de acreditación de ANECA para Titular de Universidad y Catedrás, considerando que la LOSU establece una carrera académica más corta. [6]

  Desde CCOO defendemos un modelo universitario público de calidad, donde la figura del PDI funcionario constituya la columna vertebral de la institución, garantizando así la independencia académica, la libertad de cátedra y la excelencia científica que la sociedad vasca se merece.

   

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ESTATUTO PDI: VUELTA A LA NEGOCIACIÓN

Se reactiva la negociación del Estatuto del PDI

CCOO reclama abordar de forma integral la realidad del personal docente e investigador de las universidades públicas

El viernes 16 de febrero se ha celebrado una reunión en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el objeto de retomar la negociación del Estatuto del PDI y dar cumplimiento a la Disposición Final Décima de la LOSU, que obliga al Gobierno a presentar al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario. La reunión ha sido presidida por el Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa García, y ha contado con los representantes sindicales.

El objeto de la reunión ha sido triple:

1. Constituir una mesa de negociación del ámbito universitario con las partes presentes en la reunión.

2. Abordar el marco general de negociación del Estatuto del PDI.

3. Presentar por parte de las organizaciones sindicales aquellas cuestiones que consideran prioritarias para ser abordadas en esta mesa.

En relación con el Estatuto del PDI:

1. Se ha consensuado un borrador de calendario de negociación que contempla reuniones mensuales, en principio hasta el próximo mes de junio. La primera reunión tendría lugar a mediados del mes de marzo.

2. Se ha definido el método de trabajo a seguir. En este sentido, y tal y como desde CCOO reclamamos en la fase anterior, se va a abordar de forma íntegra el documento de trabajo frente al trabajo por materias que planteó el Ministerio en la fase anterior (que finalizó hace más de uno año, el 31 de enero de 2023, como consecuencia de la prioridad que se dio a la LOSU por parte del Ministerio). En este sentido, el Ministerio se ha comprometido a remitir a las organizaciones sindicales con tiempo suficiente un primer borrador de trabajo para empezar a trabajar sobre su contenido en la próxima reunión del mes de marzo. 

   Ante la manifestación del Ministerio de que en este proceso se deben considerar las aportaciones y consideraciones que puedan llegar desde otros actores, desde CCOO entendemos que éste es un ámbito de negociación colectiva que afecta de forma directa a las condiciones de trabajo del PDI, por lo que cualquier consideración externa a dicha mesa afecta, si así lo entiende, a la administración.

3. Se ha alcanzado un compromiso para revisar y actualizar el reglamento de funcionamiento de la mesa.

Como prioridades, CCOO ha señalado, entre otras, las siguientes:

1. Creación y reconocimiento de la Mesa Sectorial de Universidades en el ámbito de la Mesa General de Empleados Públicos como fórmula legal necesaria para garantizar la efectividad de los acuerdos que se alcancen en el ámbito de la negociación colectiva, que debe ir más allá del Estatuto del PDI y abarcar otras materias y colectivos.

2. Modificación de la normativa estatal de retribuciones (Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario y demás normativa) con el objeto no sólo de actualizar cantidades y conceptos, sino de eliminar las discriminaciones existentes entre el profesorado permanente y el temporal y las vinculadas al tipo de dedicación (tiempo completo y tiempo parcial).

3. Necesidad de un Estatuto del Personal Investigador con pleno reconocimiento de los derechos laborales y de actividad para este colectivo y garantizando una homologación de las condiciones reflejadas en las diferentes convocatorias con independencia del ámbito (estatal, autonómico o de las propias universidades). Se debe garantizar la plena integración del personal investigador.

4. Plan de choque para el rejuvenecimiento de las plantillas universitarias. En los próximos 10 años accederán a la jubilación, dependiendo de los colectivos y figuras de contratación, entre el 35 y el 55% de las plantillas.

5. Desarrollo normativo de la LOSU en todo aquellos que afecta a las condiciones de trabajo de las plantillas universitarias, siempre en el marco de la negociación colectiva.

6. Revisión del contenido del Proyecto de del Real Decreto por el que se regula la organización de los Departamentos universitarios por la vía de la negociación colectiva toda vez que su contenido afecta a las condiciones de trabajo.

7. Pleno desarrollo de la carrera profesional de todos los colectivos de PDI y PTGAS.

8. Revisión de los criterios de acreditación y evaluación planteados por la ANECA y necesidad de que sean participados por la representación sindical.

En esta misma reunión se trataron otras cuestiones como son:

1. La necesidad a abordar medidas para una reducción real de la temporalidad y la precariedad del PDI, más allá del Programa Integra (que contempla crear un máximo de 4.200 plaza de Profesorado Ayudante Doctor), y que se extiende a la totalidad de figuras (asociados, visitantes, predoctorales, etc.).

2. Equiparación de las condiciones laborales y salariales entre el PDI funcionario y laboral en el marco definido por la LOSU.

3. Clarificación del tratamiento de la cuestión de las cuotas patronales de las figuras investigadoras. La cuestión se ha planteado en relación a la actual situación de las figuras de contratación Margarita Salas y María Zambrano, pero sería extensible a otras figuras. La propuesta plantada por CCOO de que esta cuestión quede claramente regulada en futuras convocatorias de cualquier figura investigadora ha sido asumida por el Ministerio.

4. Necesidad de evitar que la figura del Profesorado Sustituto se convierta en la nueva figura precaria de contratación en las universidades.

 

Valorando positivamente la reactivación de la negociación del Estatuto del PDI, CCOO considera que estamos ante una regulación necesaria pero que en modo alguno agota el marco de la necesaria negociación colectiva dentro de un marco estable regulado y reconocido por todas las partes. Y todo ello con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal de las universidades.

SEGUNDA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO LOSU 

Comisión del plan de financiación de las universidades públicas españolas. Artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario

 

El jueves 15 de febrero ha tenido lugar la segunda reunión del grupo de trabajo para el desarrollo de la LOSU, presidido por el Secretario General de Universidades y con representación de Comunidades Autónomas (CC.AA.), CRUE y las organizaciones sindicales más representativas.

En esta reunión se ha valorado una serie de propuestas de actuación con el objetivo, en palabras de la representación ministerial, de luchar contra la precariedad y la temporalidad del PDI de las universidades públicas españolas al entender que sólo el 15% de dichas universidades cumplen con el requisito de una temporalidad inferior al 8% en los términos exigidos por la propia LOSU. En todo caso, las partes hemos acordado que el debate de la aplicación de la LOSU no se puede limitar únicamente a esta cuestión, al quedar otras muchas cuestiones pendientes que deberán ser abordadas en futuras reuniones (dedicación, financiación, PTGAS, etc.)

En esta reunión se ha tomado en consideración el documento presentado por el Ministerio denominado “Propuesta de acciones para facilitar la operatividad de las universidades públicas para implementar la LOSU en el ámbito del PDI”. Para ello se han planteado dos propuestas:

1. El denominado “Programa Integra” cuyo objetivo fundamental es la incorporación de 4.200 nuevos profesores/as ayudantes doctores/as al entender el Ministerio que esta figura facilita el rejuvenecimiento y la consolidación de las plantillas universitarias. Respecto a este programa:

• Las plazas se irían ofertando entre el curso 2024/2025 y el 2027/2028.

• El Ministerio ha propuesto asumir la financiación de 1/3 de las plazas (1.364 en el curso 2024/2025), mientras que las CC.AA. asumirían los 2/3 restantes en los siguientes cursos. Realmente, lo único garantizado sería la aplicación del primer año (1.364 plazas), estando condicionado el resto de plazas del segundo y tercer curso al acuerdo y voluntad de las CC.AA., no siendo, en estos momentos, de obligado cumplimiento.

• La delimitación de las plazas de profesorado ayudante doctor por CC.AA. se acordará entre el Ministerio y las CC.AA.; luego cada CCAA definirá juntamente con las universidades de su responsabilidad la distribución de las plazas y su despliegue temporal.

• El de este programa estaría incluido dentro del objetivo de alcanzar al menos el 1% del PIB en los presupuestos universitarios.

• La concreción de las plazas y la temporalidad en su convocatoria podrá adaptarse a las necesidades de las universidades.

Este capítulo, ante las discrepancias de las CC.AA., que han reclamado que la corresponsabilidad en la financiación se sitúe en el 50% de las plazas a financiar por cada parte, ha quedado aplazado hasta una próxima reunión a mantener antes de que finalice el mes de febrero.

2. La modificación de la LOSU mediante una Disposición Adicional a incorporar, en principio, a la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores (en trámite de presentación de enmiendas en este momento) que consistirá en:

• Ampliar el plazo para la adaptación de los Estatutos de las universidades de 2 a 3 años.

• Establecer como período máximo de implementación de las medidas contempladas en las disposiciones transitorias séptima (Proceso de estabilización de plazas de Profesoras y Profesores Asociadas/os de las universidades públicas) y décimo segunda (Adaptación del régimen de dedicación del personal docente e investigador permanente) al final del curso académico 2027-2028 (se entiende por ello junio de 2028). Esto supone que:

  • Los procesos de estabilización, inicialmente previstos para el 31 de diciembre de 2024, se podrían demorar, si así lo considera la universidad convocante, hasta junio de 2028.

  • Esto puede conllevar una ampliación de la duración de los actuales contratos 6+6 y 5+5 de profesorado asociado en función del nuevo calendario de aplicación.

  • Por otro lado, la aplicación de las dedicaciones máximas para el PDI a tiempo completo contempladas en la LOSU (240 horas, excepto la figura de Ayudante Doctor LOSU que tendría 180) se retrasaría del inicio del curso 2024/2025 al inicio del curso 2028/2029.

• Las universidades públicas establecerán, a través de sus respectivos órganos de gobierno, el marco temporal específico de las actuaciones que resulten precisas para garantizar la adecuada implementación en cada universidad de lo dispuesto en el apartado anterior. Cada propuesta temporal deberá ser comunicada para su conformidad y seguimiento a la Comunidad Autónoma correspondiente, así como al Ministerio con competencia en materia universitaria.

• Las universidades podrán modificar, con la decisión de sus respectivos órganos de gobierno y de negociación los acuerdos que en materia laboral hubieran alcanzado respecto de los plazos señalados para los procesos que hacen referencia a las disposiciones transitorias séptima y décimo segunda de la LOSU con la finalidad de adecuarlos a los nuevos plazos.

Y, sin figurar en el orden del día, las CC.AA. han planteado la cuestión de la compatibilidad del profesorado sustituto con otros contratos de trabajo, públicos o privados.

Como ya señalamos en el anterior comunicado, CCOO celebra que la nueva ley ponga encima de la mesa uno de los más graves problemas de la universidad pública española: la precariedad de su profesorado. Sin embargo, hemos manifestado nuestra desconfianza ante las medidas propuestas toda vez que:

1. No se cuantifica el importe del programa INTEGRA y los efectos reales que el mismo va a tener sobre los presupuestos universitarios. No estamos hablando simplemente de “crear” 4.200 plazas de Ayudantes Doctores. Este profesorado, junto con el que ya presta servicio con carácter temporal en las universidades públicas tiene derecho a la estabilización y a la carrera profesional. Y esto supone una afectación directa a los presupuestos de las universidades de forma permanente. En este sentido, hemos reclamado que se establezca de manera clara que la financiación de este programa no supondrá una minoración de los presupuestos reales de las universidades públicas.

2. No se debe utilizar para transformar actuales plazas de profesorado asociado en plazas de ayudante doctor. La estabilización de dicho profesorado asociado ya se contempla en la LOSU y no garantizar que se trate de plazas nuevas “reales” vaciará de contenido el objetivo del programa.

3. Entendemos que las soluciones deben afectar al conjunto de figuras precarias. En este sentido hemos solicitado, sin éxito, que la extensión en el tiempo para la estabilización del profesorado temporal se extendiese a figuras como el profesorado Visitante, cumpliendo siempre los requisitos establecidos en la normativa de aplicación.

4. Las propuestas de acción se centran en las supuestas necesidades de las universidades, olvidando los derechos y realidades del profesorado afectado, que verán variar su derecho a la estabilización y a la dignificación de sus condiciones de trabajo no en base al articulado de la ley, sino en función del criterio que en cada caso aplique cada universidad al ampliarse de forma desproporcionada los plazos de aplicación.

Y CCOO se ha opuesto frontalmente:

1. A la modificación de la Disposición Transitoria 12ª, al entender que no sólo no existe conexión con el objetivo de luchar contra la precariedad de los puestos de trabajo, sino que ahonda en la misma y va a generar mayores desigualdades al permitir prolongar de manera injustificada dedicaciones superiores a las 240 horas para el profesorado a tiempo completo y perpetuar la doble escala de dedicación para el profesorado Ayudante Doctor en función de si el contrato se ha firmado antes de la entrada en vigor de la LOSU (240 horas) o después (180 horas).

2. A que ni tan siquiera se contemple la posibilidad de modificar acuerdos que hayan surgido en el ámbito de la negociación colectiva en el marco de otros ámbitos universitarios de decisión. En este sentido hemos logrado que se contemple que la modificación de los acuerdos de aplicación y desarrollo de la LOSU que se hayan alcanzado, requiera el acuerdo de los ámbitos donde dichos acuerdos se hayan firmado.

Es necesario un cambio en las políticas y gestión universitarias que garanticen unas condiciones de trabajo estables y dignas para sus trabajadores y trabajadoras, elemento necesario para la prestación de un servicio público universitario de calidad. Por todo ello, CCOO hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los actores con capacidad de decisión para afrontar de una vez por todas la situación real de las universidades. Los trabajadores y trabajadores no pueden esperar más y necesitan ver acciones reales de cambio de rumbo.

 

 

 

 

PRIMERA REUNIÓN GRUPO TRABAJO LOSU

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha creado un grupo de trabajo presidido por el Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y con representación de Comunidades Autónomas, CRUE y organizaciones sindicales representativas.

La primera reunión, celebrada el 2 de febrero, ha consistido en una reunión de toma de contacto y establecimiento de la dinámica del grupo de trabajo, donde se ha destacado la responsabilidad como regla básica de trabajo.

El primer objetivo del Ministerio para este grupo de trabajo es conseguir consensuar una propuesta para, a medio plazo, lograr plantillas más grandes para que el profesorado tenga tiempo de realizar otras tareas que no son las docentes (investigación).

Se establece como horizonte un aumento de 4200 plazas nuevas de profesorado Ayudante Doctor en cuatro años. En este año se quieren crear 2100 plazas, de las que el Ministerio se compromete a financiar dos tercios y las CCAA deberían financiar el otro tercio, utilizando cinco criterios:

1. Financiación de plazas adicionales (Ayudantes Doctores).

2. Cofinanciación, entre Ministerio y CCAA.

3. Nuevas plazas extra, más allá de las que se están convocando.

4. Criterios de distribución.

5. Flexibilidad.

Para esto se hace necesario la modificación/flexibilización de las disposiciones transitorias 7ª y 12ª de la LOSU.

CCOO celebra que la nueva ley ponga encima de la mesa uno de los más graves problemas de la universidad española: la precariedad de su profesorado. Sin embargo, la solución propuesta no es suficiente y vuelve a dilatar los tiempos. Queremos recordar, además, que la problemática de los llamados “falsos asociados” no es el único elemento de precariedad en la universidad: plantillas insuficientes de otras figuras de PDI, plantillas insuficientes de PTGAS, desarrollo de sus carreras profesionales, falta de financiación de la investigación o falta de inversión en infraestructuras serían otros de los problemas que las universidades deben afrontar sin falta.

Desde luego, consideramos que las Comunidad Autónomas no pueden mirar para otro lado. Llama la atención que los gobiernos autonómicos pongan ahora los ojos en el Ministerio y anuncien a bombo y platillo haber aumentado sus presupuestos para las universidades, cuando algunos de estos problemas vienen de la pasada década (o antes), se están convirtiendo en estructurales y con ellas quienes tienen las competencias.

Es necesario un cambio en las políticas y gestión universitarias que garanticen unas condiciones de trabajo estables y dignas para sus trabajadores y trabajadoras. No podemos seguir con un sistema fundamentado en la precariedad de las figuras más débiles de las plantillas. Un ejemplo de ello son los recortes en sus retribuciones, o que los títulos se sustenten sobre un elevado número de profesorado asociado o, como las universidades pretenden ahora, a través de un Profesorado Sustituto totalmente precarizado. Pero de nada servirá cambiar estos asociados, como están planteando la mayoría de las universidades, por la nueva figura del Profesorado Sustituto mal pagado.

Por todo ello, CCOO hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los actores con capacidad de decisión para afrontar de una vez por todas la nefasta situación. Los trabajadores y trabajadores no pueden esperar más y necesitan ver acciones reales de cambio de rumbo.

 

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