Financiación del Bilingüismo en la UPV/EHU
CCOO consigue que el CES (Consejo Económico y Social Vasco) reclame financiación adicional para garantizar el bilingüismo en la UPV/EHU. Tras defender esta reivindicación en solitario desde 2024, lograr que el Rectorado asumiera la necesidad de cuantificar los costes del bilingüismo y negociar esta financiación adicional durante tres sesiones, CCOO consigue que el dictamen sobre la futura Ley del Sistema Universitario Vasco (LSUV) reconozca los costes estructurales del modelo bilingüe y exija recursos adicionales para financiarlos.
"CCOO convierte una reivindicación sindical en una exigencia institucional"
CCOO ha conseguido que el Consejo Económico y Social Vasco, CES, reclame al Gobierno Vasco financiación adicional para sostener los costes estructurales del modelo universitario bilingüe.
Es un avance de enorme importancia para la UPV/EHU. El artículo 56.3.b de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU, establece expresamente una financiación estructural adicional por necesidades singulares, entre ellas la pluralidad lingüística de los programas y la promoción de las lenguas oficiales propias. No estamos reclamando un privilegio ni inventando una nueva modalidad presupuestaria: estamos exigiendo que se aplique una previsión legal vigente.
CCOO ha defendido esta reivindicación desde otoño de 2024. Durante todo este tiempo lo hemos hecho en solitario, insistiendo en que la normalización lingüística no puede sostenerse gratuitamente ni cargarse sobre las plantillas, los salarios o el presupuesto ordinario de la universidad.
En abril de 2026 logramos un primer cambio decisivo: el equipo rectoral asumió la necesidad de auditar el coste real del bilingüismo y de reclamar la financiación adicional contemplada en la LOSU. La UPV/EHU anunció su participación en un estudio promovido en el ámbito de la Xarxa Vives d’Universitats para cuantificar esos costes con criterios técnicos. El propio Vicerrectorado de Euskera y Planificación Lingüística reconoció entonces que CCOO había marcado la senda de esta reivindicación.
El siguiente paso fue trasladarla al Anteproyecto de Ley del Sistema Universitario Vasco. CCOO presentó una propuesta concreta de financiación adicional, finalista y no detraíble de la aportación ordinaria, destinada a cubrir los costes del modelo bilingüe sin reducir los recursos disponibles para personal, docencia, investigación o servicios universitarios. Las 43 enmiendas de CCOO incorporaron el plurilingüismo como uno de sus seis bloques materiales.
Finalmente, después de tres largas sesiones de explicación y negociación, hemos conseguido que el dictamen mayoritario del CES reconozca que el modelo bilingüe tiene costes estructurales propios y necesita financiación adicional. El dictamen fue aprobado por mayoría, con el único voto particular de LAB.
Una reivindicación defendida en solitario por CCOO forma ya parte de una posición institucional respaldada incluso por Confebask, la patronal vasca.
Garantizar una universidad bilingüe requiere inversión
Garantizar una universidad verdaderamente bilingüe no consiste únicamente en reconocer formalmente el derecho a utilizar las dos lenguas oficiales. Ese derecho exige recursos materiales, que se traducen en inversión pública suficiente para convertir ese derecho en docencia, servicios, plantillas y oportunidades reales.
Mantener una oferta docente amplia en euskera y castellano implica desdoblar grupos, disponer de más personal, tanto PDI como PTGAS, elaborar materiales, traducir documentación y aplicaciones, sostener procedimientos académicos y administrativos bilingües, formar al personal, financiar liberaciones y contratar sustituciones.
También exige conservar grupos aunque su número de estudiantes sea menor, porque la rentabilidad económica no puede decidir qué derechos lingüísticos resultan viables y cuáles no.
Las necesidades de inversión existen aunque el Gobierno no las calcule ni las financie. Cuando no hay una partida adicional, estas inversiones terminan pagándose con el presupuesto ordinario de la UPV/EHU, con sobrecarga para las plantillas o con menos recursos para salarios, sustituciones, docencia, investigación, infraestructuras y servicios.
La normalización lingüística no puede descansar sobre el tiempo libre del personal, sobre unidades ya sobrecargadas ni sobre la obligación de elegir entre mantener grupos en euskera o sostener adecuadamente los grupos en castellano.
"Defender el euskera materialmente significa financiar las personas, los grupos, las sustituciones, las liberaciones, los materiales y los servicios que hacen posible su uso real."
La financiación adicional protege los grupos en euskera y en castellano
Sin financiación específica, el coste del bilingüismo debe absorberse dentro del mismo presupuesto que financia el conjunto de la universidad. Los desdoblamientos, las sustituciones, la formación y los procedimientos bilingües compiten entonces con las plantillas, los salarios, la docencia y la investigación.
Esta insuficiencia puede acabar provocando menos grupos, peores ratios, mayor carga docente y menos capacidad para atender la demanda, tanto en euskera como en castellano.
La financiación adicional garantiza y protege la oferta docente en las dos lenguas oficiales. Permite mantener grupos en ambas lenguas sin obligar a la universidad a detraer recursos de unos para sostener los otros y evita convertir los derechos lingüísticos en una competición interna por un presupuesto insuficiente, pudiendo constituirse en un elemento de vulneración de estos derechos.
CCOO no acepta que la comunidad universitaria deba elegir entre normalización lingüística y mejoras salariales, entre grupos en euskera y grupos en castellano, o entre formación del personal y cobertura de sustituciones. El artículo 56.3.b de la LOSU ofrece precisamente la solución: recursos adicionales para atender una necesidad singular.
Sin plazas públicas suficientes tampoco existe un derecho efectivo a estudiar en euskera
El derecho a estudiar en euskera no se garantiza solo reconociendo formalmente la posibilidad de elegir la lengua de docencia. El estudiantado necesita primero acceder a una plaza en la universidad pública y encontrar grupos, titulaciones y personal suficientes para hacer efectiva esa elección.
Una parte creciente de la juventud vasca queda fuera de la UPV/EHU por la insuficiencia de plazas públicas y termina matriculándose en una universidad privada, no siempre por elección, sino por falta de una alternativa pública en la titulación deseada.
Esta situación tiene una dimensión social evidente: condiciona el acceso a la universidad a la capacidad económica familiar. Pero también tiene una importante dimensión lingüística: quien no obtiene plaza en la UPV/EHU corre un riesgo real de perder la posibilidad de estudiar en euskera, porque las universidades privadas no garantizan una oferta bilingüe pública, amplia y equivalente.
CCOO ya advirtió en sus alegaciones que una oferta pública suficiente, accesible y bilingüe requiere más plazas, más grupos, más plantilla y más financiación. Nuestra defensa del euskera está inseparablemente unida a la defensa de una universidad pública capaz de admitir al estudiantado que la demanda.
El argumento del gasto por estudiante es acientífico, sesgado e interesado
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación presume de que la UPV/EHU presenta uno de los mayores gastos por estudiante del Estado y utiliza ese dato para sostener que la universidad está adecuadamente financiada.
"Esa comparación es acientífica, sesgada e interesada mientras no se identifiquen y separen los costes estructurales específicos del bilingüismo."
Una universidad que debe mantener grupos docentes en dos lenguas, producir materiales, traducir documentación, desarrollar procedimientos administrativos bilingües, formar al personal y disponer de más docentes por estudiante no puede compararse directamente con una universidad monolingüe utilizando una única cifra agregada.
Un mayor gasto por estudiante no demuestra por sí mismo una financiación suficiente. Puede reflejar, precisamente, las obligaciones adicionales que debe asumir la UPV/EHU para garantizar un derecho que otras universidades no tienen que financiar en las mismas condiciones.
Utilizar ese indicador sin descontar o identificar los costes propios del bilingüismo confunde coste adicional con ineficiencia y gasto con suficiencia presupuestaria.
Resulta especialmente llamativo que quien ha coordinado desde 2010 una estructura dedicada a la cultura científica utilice un indicador incompleto para extraer una conclusión que los datos disponibles no permiten sostener.
Sin saber cuánto cuesta el bilingüismo no puede determinarse científicamente si la UPV/EHU está suficientemente financiada ni compararse rigurosamente con universidades monolingües.
Primero, datos: hay que determinar cuánto cuesta realmente el bilingüismo
La ausencia de una contabilidad completa de estos costes no demuestra que no existan. Demuestra que las administraciones no los han identificado adecuadamente.
Por eso CCOO consiguió que el Rectorado asumiera la necesidad de participar en una auditoría técnica que permita conocer, entre otros elementos:
- El coste de los desdoblamientos y de los grupos en ambas lenguas.
- Las necesidades adicionales de PDI y PTGAS.
- La formación lingüística, las liberaciones y las sustituciones.
- La traducción de materiales, aplicaciones y procedimientos.
- Y los costes organizativos derivados de ofrecer docencia y servicios efectivos en las dos lenguas oficiales.
La participación de la UPV/EHU en el trabajo impulsado desde la Xarxa Vives pretende precisamente obtener una cuantificación rigurosa que pueda utilizarse ante el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado.
La auditoría no puede convertirse, sin embargo, en una excusa para aplazar indefinidamente la financiación. La LOSU reconoce ya que la pluralidad lingüística constituye una necesidad singular que requiere financiación estructural adicional. La cuantificación debe permitir determinar su importe y distribución, no volver a discutir la existencia del derecho.
La diferencia entre las declaraciones retóricas y la defensa material
Todas las organizaciones sindicales afirman defender el euskera. La diferencia acreditada por sus alegaciones y por su actuación posterior está en qué recursos concretos reclamó cada una para garantizarlo.
CCOO fue la única organización que defiende desde el principio una financiación adicional, finalista y no detraíble de la aportación ordinaria. CCOO presentó una propuesta articulada, la sostuvo durante las tres sesiones del CES y consiguió que se incorporara al dictamen aprobado por mayoría. Nuestra posición evita que los costes del bilingüismo compitan con las plantillas, los salarios, las sustituciones, la docencia o la investigación.
Los hechos son claros. CCOO no se limitó a reclamar más euskera: identificó sus costes, determinó qué Administración debe financiarlos, propuso el instrumento previsto en el artículo 56.3.b de la LOSU y negoció hasta conseguir que la financiación adicional fuera asumida por el CES.
Ese es el significado de una defensa material del euskera: no añadir obligaciones sin recursos, sino conseguir presupuestos, plantillas, sustituciones, liberaciones y medios para que el bilingüismo sea real y sostenible.
Defender el euskera con presupuestos, plantillas y derechos
CCOO no entiende la normalización lingüística como una competición identitaria ni como una sucesión de nuevas obligaciones para el personal, con especial incidencia sobre los sectores más vulnerables del mismo.
La defendemos mediante recursos que permitan:
- Mantener una oferta suficiente en las dos lenguas oficiales.
- Contratar el personal necesario.
- Cubrir las sustituciones.
- Garantizar liberaciones reales para la formación.
- Producir materiales y servicios bilingües.
- Aumentar la oferta pública de plazas.
- Y evitar que el coste recaiga sobre los salarios, las cargas de trabajo o el tiempo personal de la plantilla.
En abril conseguimos que el equipo rectoral asumiera la necesidad de calcular y reclamar estos costes. Ahora hemos conseguido que el CES reconozca institucionalmente que el modelo bilingüe necesita financiación adicional.
El siguiente paso corresponde al Gobierno Vasco: debe incorporar esta obligación a la futura Ley del Sistema Universitario Vasco, cuantificarla en colaboración con la universidad y habilitar una partida adicional, finalista y no detraíble de la financiación ordinaria.
También corresponde al Rectorado utilizar la fuerza de este respaldo institucional logrado por CCOO para exigir los recursos previstos en la LOSU y garantizar que la auditoría en curso se convierta en una reclamación presupuestaria concreta.
Sin financiación adicional, el bilingüismo se paga con sobrecarga, menos plantilla o menos recursos para docencia e investigación. Con financiación adicional, se convierte en un derecho sostenible para toda la comunidad universitaria.
Defender materialmente el euskera significa decidir quién paga para hacerlo posible. CCOO ha conseguido que el CES responda con claridad: debe financiarlo adicionalmente el Gobierno Vasco.
CCOO en defensa del euskera, del bilingüismo real y de la universidad pública vasca.
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