EL
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES SIGUE SIN PREOCUPARSE DE LOS VERDADEROS
PROBLEMAS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
El
pasado
7 de octubre de 2020
se
celebró la última reunión entre el Ministerio de Universidades y
los sindicatos mayoritarios de las Universidades Públicas para
seguir informando (que no negociando) sobre la reforma de la Ley
Orgánica de Universidades (LOU) propuesta por el ministro Castells.
En aquella reunión se presentó un calendario de reuniones de una
“mesa de diálogo” para la elaboración del Estatuto del PDI.
Desde entonces, no han vuelto a haber más reuniones y ahora se nos
convoca de nuevo junto al resto de sindicatos, comunidades autónomas
y CRUE para “debatir” sobre la reforma de la LOU.
Toda
esta “hoja de ruta”, bastante difusa, no hace más que evidenciar
la
desconexión del Ministerio de Universidades con la realidad de la
universidad española.
Los problemas del sistema universitario español vienen de lejos y se
han visto agudizados por la crisis sanitaria de la covid-19.
Destacamos entre otros:
- La existencia de importantes bolsas de precariedad y el envejecimiento de las plantillas.
- La falta de un modelo claro de financiación de las universidades. Además de las deudas históricas, la tasa de reposición y los recortes presupuestarios ponen en serias dificultades a las universidades públicas.
- La inexistencia de una verdadera carrera profesional para el PDI.
- El funcionamiento de la ANECA, una agencia con criterios arbitrarios y falta de transparencia, y que es una pieza clave para el desarrollo de la carrera profesional y el control de las plantillas universitarias. No es razonable que esta agencia tome decisiones que afectan a las condiciones de trabajo de las plantillas universitarias, sin que se realice ningún tipo de negociación.
De
hecho, el profesorado universitario puede hacer, a coste propio,
carrera acreditadora, pero no profesional, pues la oferta de nuevas
plazas, en muchas universidades, es prácticamente inexistente,
debido a la tasa de reposición y a la escasa financiación. Es
decir, tenemos las acreditaciones, pero no hay trabajo.
En
CCOO consideramos que el Ministerio debería estar trabajando
seriamente en la solución a estos problemas y, en definitiva, en
blindar
la Educación Superior como servicio público de calidad, en
lugar de “entretener” con medidas de dudosa utilidad, como la
creación de la figura de “profesor distinguido”, una especie de
cajón de sastre para la contratación a dedo en la universidad.
Ante
la precariedad de buena parte de la plantilla, sin perspectivas
reales de carrera profesional, en especial entre los jóvenes
investigadores, con exigencias cada vez más diversas para justificar
cualquier mejora salarial (por ejemplo, un nuevo sexenio de docencia
sobre el que CRUE advierte que no podría hacer frente
económicamente), CCOO quiere decir que el este
ministerio está perdiendo la oportunidad de tomar las riendas y
hacer auténtica política universitaria.
Mientras
otros países refuerzan la I+D, como Francia, o que rescatan a sus
universidades, como Reino Unido, o mantienen las tasas universitarias
gratuitas, como Alemania, el Ministerio de Universidades, la
dirección de la ANECA y la Secretaría General de Universidades se
empeñan en hacer juegos en el BOE, alejados de la auténtica
realidad de las plantillas, lejos de la ciencia y lejos de los
estudiantes.
CCOO
cree que no es el momento para esta reforma y exige la apertura de
una Mesa Sectorial de Universidades.
Apelamos al ejecutivo a abrirse al diálogo en un momento de crisis
sin precedentes antes de que sea demasiado tarde.
En
esta Mesa se deberían tratar los siguientes temas:
Financiación
de la universidad española.
La falta de financiación suficiente estructural de la universidad
pública es un problema endémico que se agudizó a partir del año
2008. Ninguna reforma servirá para nada si no se cuenta con una
financiación adecuada. A esta falta de financiación hay que unir
las importantes restricciones a la contratación: es fundamental
anular
la tasa de reposición.
Refundación
de la ANECA.
Desde CCOO reclamamos que las acreditaciones del profesorado
universitario se ciñan a unos criterios estables y negociados, y
que no dependen de decisiones arbitrarias, a veces difícilmente
comprensibles, de determinadas comisiones de valoración. Los
criterios para la acreditación deben ajustarse a la realidad de la
universidad,
y no pueden representar un bloqueo injustificado de la carrera
profesional.
La
regulación de los derechos y deberes del PDI y sus condiciones de
trabajo
(jornadas, niveles salariales, entre otras cuestiones) deben estar
reguladas por un Estatuto
del PDI que
debería estar aprobado desde hace ya más de 12 años.
CCOO
propone realizar el camino inverso al iniciado por el Ministerio. Es
decir, primero se deben establecer acuerdos y pautas sobre los temas
claves para el sistema universitario (Estatuto del PDI, financiación,
precariedad, ANECA) y posteriormente, una vez establecidos estos
acuerdos, se debe proceder a las modificaciones legislativas que sean
necesarias.
Desde
CCOO pedimos al Ministro que rectifique su línea de actuación y
afronte una verdadera negociación con los sindicatos mayoritarios
antes de que la crisis económica haga su impacto en la universidad.
Somos parte fundamental para el cambio productivo que necesita el
país y una esperanza de vida mejor para los hijos y las hijas de los
trabajadores y trabajadoras.
