MARGARITA SALAS Y MARÍA ZAMBRANO: MAS AVANCES
Ayer, en comisión "negociadora" del PDI, CCOO volvió a exigir al Vicerrector de PDI que acate las sentencias del TSJPV y pague el salario íntegro, sin detraer ilegalmente la cuota patronal, al Personal Margarita Salas y María Zambrano.
También le informamos de la reciente acta de inspección que ha recibido la ULPGC en respuesta a la denuncia interpuesta por CCOO por parte de la Inspección de Trabajo de las Islas Canarias. En dicha acta, la inspección concluye lo siguiente:
"Por lo tanto, a la luz de la anterior se desprende que la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria debió haber cotizado a la Seguridad Social
por la totalidad de la bases de cotización por todas las contingencias
de las personas beneficiarias de las ayudas Margarita Salas y María
Zambrano, bases de cotización cuyo importe debería haber coincidido con la
totalidad de la retribución mensual que cada uno de ellos tenían
derecho a percibir, siendo que el importe de la retribución mensual
debió haber sido el importe bruto mensual que figura en las
convocatorias de las ayudas, tal y como se contempla en el artículo 4
de la Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, B.O.E de 4 de junio,
desarrolla las subvenciones previstas en el Real Decreto 289/2021, de 20
de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
universidades públicas para la recualificación del sistema universitario
español, el importe mensual de las ayudas Margarita Salas para
jóvenes doctores será de 3.500 euros brutos para los que soliciten
realizar la estancia en el extranjero, y de 2.800 euros brutos para los
que la realicen en España y que el importe mensual de las ayudas María
Zambrano para la atracción de talento será de 4.000 euros brutos."
Además de en Euskadi en la UPV/EHU, CCOO ha
interpuesto demandas de conflicto colectivo ante los juzgados en las Universidades de Valladolid, La Coruña y varias universidades Madrileñas, así como
tres denuncias ante las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social para las Universidades de Valencia, Málaga y varias de Catalanas. Todas las
reclamaciones se han resuelto favorablemente, tanto las judiciales como
las de ITSS, siendo varias de ellas ya firmes en su aplicación.
¿A qué espera este equipo rectoral? Suponemos que a ganar tiempo esperando al Tribunal Supremo y así no resolver cuanto antes una injusticia y una ilegalidad que perjudica gravemente a las personas afectadas y, de paso, que sea otra persona quien se coma el marrón más adelante. ¿Es éste un ejemplo de gestión del dinero público cuando muy probablemente se tenga que pagar lo que se debe, junto a unos jugosos intereses de demora? ¿Es ésto a lo que deben dedicarse los servicios jurídicos de una universidad? ¿Pretende la rectora presentar a final de año su candidatura con semejante currículum?
Si eres una persona afectada prepárate para reclamar tus derechos. Ponte en contacto con CCOO.
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