Página web de la sección de la UPV/EHU del sindicato CCOO
En resumen:
1) El 1 de junio se reanudan los plazos administrativos.
2) el 4 de junio se alza la suspensión de plazos procesales.
Así en el RD que os adjuntamos se indica en la exposición de
motivos:
"Por ello, se prevé, en primer lugar, el levantamiento de la
suspensión de términos y de la interrupción de plazos
administrativos, estableciendo, con efectos de 1 de junio de
2020, la derogación de la disposición adicional tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. De este modo, se prevé que se
reanude o, en su caso, se reinicie el cómputo de los plazos
desde esa misma fecha.
Respecto de los plazos y términos procesales, se derogará
con efectos a partir del 4 de junio de 2020, la disposición
adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
alzándose la suspensión en la misma fecha. Asimismo,
correlativamente, se derogará con efectos a partir del 4 de
junio de 2020, la disposición adicional cuarta del real decreto
citado, relativa a la suspensión de plazos de prescripción y
caducidad de acciones y derechos, alzándose la suspensión en
dicha fecha."
Y en el articulado:
Artículo 8. Plazos procesales suspendidos en virtud del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la
suspensión de los plazos procesales.
Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los
plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se
reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una
norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado
de alarma y sus prórrogas.
CCOO se preocupa por ti
Queremos destacar que el borrador lo hemos recibido poco antes de las 9 horas de hoy, cuando debíamos discutirlo a las 11:30. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Aquí tienes el borrador para que puedas ver su contenido y comprender las pegas y objeciones que exponemos a continuación.
Adelantar que, desde el punto de vista conceptual, lo que más nos ha sorprendido ha sido que la administración pase de alabar el teletrabajo como herramienta adecuada para sortear las consecuencias sanitarias y sociolaborales de la pandemia a dejar de ser la forma de trabajo preferente, al menos para el colectivo del PAS, lo cual es inaudito dada la persistencia del estado de alarma y el mantenimiento de las incertidumbres que aún nos rodean.
Los puntos más destacables serían los siguientes:
EPIs: la administración espera recibir todo el equipo necesario antes de este jueves, día en el que comienza la vuelta de parte del personal.
Desinfección de los centros: parece que durante este tiempo se está procediendo a la desinfección de los centros, no sin algunos problemas de seguridad y salud en el personal subcontratado de la limpieza sobre el que se han pedido explicaciones.
Teletrabajo: se cambia radicalmente el criterio respecto al teletrabajo como modalidad de trabajo preferente. Con esta resolución, tan sólo podrán teletrabajar, en principio, el personal que ya estaba amparado por el acuerdo de teletrabajo, el personal vulnerable que establezca el servicio médico de la UPV/EHU y personas con necesidades de conciliación de menores o mayores a cargo “debidamente acreditadas”.
Es decir, si usted puede desempeñar su trabajo mediante esta fórmula, pero no acredita alguna de estas circunstancias, deberá acudir de todos modos físicamente a su puesto, aunque sea operativamente innecesario. Este giro radical de criterio va en contra de lo establecido en el artículo 3 de la “Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.”
Además, las personas que tengan necesidades de conciliación por cuidado de menores y consigan acreditarlo a ojos de la administración, sólo podrán teletrabajar hasta, como máximo, la finalización del curso escolar. Para el cuidado de mayores, esta cuestión queda algo más abierta e indefinida. Las únicas mejoras que se han conseguido arrancar han sido elevar de los 12 a los 14 años la edad para poder solicitar la conciliación por cuidado de menores, así como la ampliación del plazo para su solicitud, que ya había finalizado apresuradamente el pasado 4 de mayo.
CCOO ha pedido la extensión de la fórmula de teletrabajo a todo el personal que así pueda hacerlo o, como mínimo, hasta comienzo del curso que viene para las personas con necesidad de cuidado de menores. Las razones son muchas, y son potentes. Las personas con hijos a cargo en la UPV/EHU tendrán que ver con quién dejarlos al final del curso escolar. Todo esto en una situación en la que parece que no se dispondrán de guarderías, colonias y campamentos, viéndose muchas personas empujadas a dejarlos bien en manos de los abuelos y abuelas, con el riesgo que supone a las personas más vulnerables en esta pandemia, o bien forzadas a pedir excedencias y permisos, con el correspondiente perjuicio tanto para la economía familiar como para el impacto que esta ausencia pueda tener en los servicios en los que estas personas trabajan.
Todos estos problemas podrían paliarse ostensiblemente con el teletrabajo. Hoy por hoy, es la única fórmula que garantiza las medidas de distancia social en el ámbito laboral y, a la vez, facilita la conciliación. Como apunte, la administración ha dicho haber recibido, a día de hoy, unas 260 solicitudes de teletrabajo por razones de conciliación. De autorizar todas estas solicitudes y sumando a las personas que ya estaban teletrabajando estaríamos hablando de poco mas del 15% de los puestos del PAS. No parece, en absoluto, ningún disparate.
El propio Servicio de Prevención ha dicho insistentemente que los EPIs deben ser el último eslabón de las medidas de precaución. Por eso no alcanzamos a comprender el empecinamiento de la administración en volver a un viejo y caduco enfoque presencialista de la jornada laboral, más aún en el contexto de una pandemia mundial que está segando muchas vidas y de la que aún hay muy poco conocimiento. Por ello, y apelando al principio de precaución, creemos que el teletrabajo debería ser la primera herramienta a emplear en la lucha contra esta pandemia en la UPV/EHU. Sólo cuando esta no sea posible, deberíamos acudir a otras medidas.
No parece sensato que, por ejemplo, ante el caso de alguien con 61 años y un cuadro de hipertensión o diabetes controlada, nos planteemos siquiera la posibilidad hacerle volver a una jornada presencial pudiendo teletrabajar. No lo entendemos.
En CCOO entendemos que este no es el momento adecuado para abordar una reforma estructural del sistema universitario español, sobre todo cuando se hace poniéndolo al servicio de la empresa privada y haciendo peligrar la autonomía universitaria, necesaria para reconfigurar un nuevo país de progreso e innovación que impida que podamos sufrir, otra vez y con la misma fuerza, el grave impacto de esta crisis sanitaria.
El documento, que no incluye la derogación del Decreto Wert (RDL 14/2012), contiene medidas similares a las que ya se propusieron hace un año. Propone grados de 180 o de 240 créditos, y másteres de 60, 90 o 120 créditos. Los precios públicos están diferenciados para cada nivel académico y se mantiene el castigo económico para las segundas y sucesivas matrículas. Se vuelve a la controversia del modelo 3+2 que castiga definitivamente a los estudiantes con menos recursos y favorece el mercado de títulos de posgrado en universidades privadas. La propuesta del ministerio incluye itinerarios académicos abiertos, sin garantizar la coherencia académica en un modelo liberal de universidad pública a la carta y sin analizar en profundidad las consecuencias organizativas y el impacto en los trabajadores y en las finanzas de las universidades.
En CCOO defendemos una universidad pública y gratuita, en la que:
La calidad se traduzca en mayores y mejores recursos en las aulas y la docencia (art. 21-29).
Las tasas universitarias sean gratuitas.
Los títulos universitarios sean inscritos en un Catálogo de títulos, lo que garantiza planes de estudios con una troncalidad común, frente al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) propuesto (art. 1 y 3). Esta troncalidad común y este Catálogo de títulos permite la convalidación entre titulaciones, favoreciendo la empleabilidad del estudiantado. Actualmente existe un gran problema de convalidaciones y ello impacta negativamente a la movilidad.
Las denominaciones de “máster” o “grado” no puedan utilizarse para encubrir otro tipo de enseñanzas (Disposición adicional 6) y que así conviertan la educación superior en un mercado para los más privilegiados.
Los títulos propios no se equiparen con titulaciones oficiales (art. 7.4) haciendo peligrar la calidad académica.
En CCOO consideramos que la Universidad debe seguir siendo motor de innovación, de desarrollo científico y social. Una universidad que recibe el encargo de la sociedad para formar ciudadanos críticos que son capaces de liderar el mercado de trabajo, con espíritu crítico y desarrollando los valores democráticos, de convivencia, desarrollo sostenible, igualdad y progreso. En el actual contexto histórico que nos ha tocado vivir, entendemos que esta propuesta es innecesaria e inoportuna.
